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Suspenden procedimiento del caso de la nana que habría maltratado a un menor en Concepción

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El Juzgado de Garantía de Concepción determinó suspender el procedimiento del caso de una nana acusada de maltratar a un menor de 2 años. Recordemos que los padres del pequeño lograron poner una cámara oculta que grabó a la niñera mientras agredía al niño.

El tribunal resolvió suspender el proceso tras la formalización de cargos por el delito de lesiones menos graves, contra la asesora del hogar, que en febrero pasado se hizo conocida al protagonizar el video que la familia difundió en las redes sociales y que también fue usado como prueba contra la mujer.

La madre, apoyada por el Sename acudió a la justicia, pero finalmente el caso fue suspendido, luego de que se alegara un retardo e incapacidad mental de la acusada.

Posterior al desarrollo de audiencia judicial, pese a no querer emitir sus disculpas o descargos, sí apuntó a la madre del pequeño que llevó el caso a tribunales.

Durante su formalización por delito de lesiones menos graves, la defensoría penal pública solicitó suspensión de procedimiento argumentando déficit mental de la mujer, adjuntando documentos que acreditan un tratamiento en curso en el siquiátrico de Concepción y distintos diagnósticos en la misma línea. Así lo explicó el defensor local jefe, Humberto Alarcón.

Por su parte, el fiscal Alejandro Alí expresó la necesidad de conocer mayores antecedentes respecto de la patología mental que afecta a la mujer, al momento en que evaluó los escenarios.

La directora del Sename Verónica Núñez, organismo que se querelló contra la asesora del hogar, comentó que llegarán hasta el final del procediemiento.

Verónica Pereira, permanece al cuidado de Sonia Urrutia, mujer que sólo por voluntad la acogió en su hogar luego de conocerla en las calles, y quien aseguró que la familia siempre conoció la condición mental de la mujer.

La defensoría hizo ver, además, que la mujer junto con su incapacidad del 70% en la actividad cerebral, nunca contó con el resguardo legal de un contrato de por medio.

De ser imputable arriesga una pena máxima de 541 días de privación de libertad, considerando agravante de abuso de confianza, según la fiscalía.

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