La oposición venezolana tachó de “absurda” la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que ordenó el martes entregar en 24 horas los registros de votantes de las primarias opositoras celebradas el domingo y aseguró que honrará su compromiso de “no violar el secreto del voto”.
La sentencia del TSJ es “absurda, inconstitucional y desproporcionada” y se “están estudiando las formas para oponerse” legalmente, declaró Ramon Guillermo Aveledo, secretario ejecutivo de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), organizadora de las primarias.
El máximo tribunal venezolano ordenó el martes la “suspensión del proceso de destrucción de los cuadernos electorales”, a pocas horas de que finalizara el plazo de 48 horas que fijó la MUD para destruir el registro, con el fin de garantizar la confidencialidad del voto.
El TSJ ordenó además la entrega de esos cuadernos al Consejo Nacional Electoral (CNE) en un lapso no mayor de 24 horas y encomendó al ejército que custodie ese proceso, tras un recurso presentado por un ex precandidato municipal contra su destrucción.
Aveledo explicó que muchos de los cuadernos fueron destruidos y que la oposición honrará el compromiso y “no violará el secreto del voto”, según un comunicado de la MUD.
En las primarias opositoras, el gobernador Henrique Capriles resultó elegido candidato único para competir contra el mandatario Hugo Chávez en las presidenciales de octubre, y a la vez se designaron a cientos de candidatos opositores a alcaldías y gobernaciones.
La medida cautelar que este martes aceptó el TSJ fue presentada el lunes por Rafael Velasquez -que se postuló como precandidato a la alcaldía del municipio de Bruzual, en el noroeste del país- alegando que la destrucción del material electoral viola “los derechos a la seguridad jurídica, a la información, al sufragio y a la defensa”.
La decisión de destruir los registros de votación fue tomada por la MUD para desterrar de la mente de los electores el recuerdo de una lista que el gobierno difundió con los nombres de quienes en 2004 firmaron una petición de referendo revocatorio del mandato de Chávez y que derivó especialmente en represalias laborales y administrativas.
