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Julian Assange se aferra a su última posibilidad para no ser extraditado a Suecia

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Los abogados que representan a Suecia insistieron el jueves en la Corte Suprema en la validez de la solicitud de extradición del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, que libra su última batalla legal en el Reino Unido para evitar ser entregado a ese país.

La línea argumental de la defensa del australiano de 40 años, al que la justicia sueca quiere interrogar como sospechoso de cuatro presuntos cargos de agresión sexual, se basa en que el fiscal que emitió la orden de arresto europea en diciembre de 2010 no tiene potestad para hacerlo.

Pero Clare Montgomery, la abogada británica que actúa en nombre de Suecia, rechazó en su intervención en la segunda jornada de la vista todos los puntos planteados por la defensa.

“El estado miembro emisor tiene la tarea de identificar a quien considera la autoridad judicial competente para emitir una Orden de Arresto Europea”, afirmó ante el panel de siete jueces.

Montgomery agregó que no había nada “escandaloso” en que un fiscal o incluso un policía emitiera la también llamada euroorden, y que tampoco vulneraba de modo alguno los “derechos humanos básicos” de Assange.

Tras esta vista, se espera que los jueces emitan su fallo en las próximas semanas.

Decenas de partidarios de Assange se congregaron nuevamente en la Corte Suprema este jueves para ver al ex hacker, que alcanzó fama mundial al filtrar decenas de miles cables diplomáticos estadounidenses y documentos secretos de las guerras de Irak y de Afganistán en WikiLeaks, suscitando la ira del gobierno norteamericano.

La Corte Suprema británica examina sólo los casos que plantean una cuestión jurídica de interés general, lo que en el caso de Assange tendría implicaciones en todo el sistema europeo de extradición por la vía rápida.

Su abogada, Dinah Rose, argumentó el miércoles que extraditar a Assange a Suecia en base a una euroorden emitida por un fiscal violaría principios legales que se remontan a 1.500 años.

Uno de los jueces del panel mencionó el hecho de que la Agencia contra el Crimen Organizado (SOCA) británica, que tramita las euroórdenes, rechazó la primera orden de detención de Assange en 2010 porque no mencionaba la máxima pena prevista para las acusaciones que se le imputan.

La segunda, emitida pocos días después con esa información, fue aceptada y condujo a su detención el 7 de diciembre de ese año.

Salvo los nueve días que pasó en la cárcel, Assange vivió gran parte del tiempo desde entonces prácticamente recluido en la mansión de un amigo a unos 200 kilómetros de Londres, de la que recientemente se ha mudado aunque sigue teniendo que respetar estrictas condiciones.

El australiano niega haber cometido los cuatro delitos de agresión sexual, incluida una violación, denunciados por dos mujeres y por los que hasta ahora no ha sido formalmente acusado, aunque admite haber tenido relaciones consentidas con ambas durante una estancia en Estocolmo.

Desde el principio afirma que el caso está políticamente motivado por sus actividades en WikiLeaks, y teme ser extraditado en última instancia a Estados Unidos, país que ha buscado hasta ahora en vano una forma de acusarlo por espionaje.

Si la Corte Suprema da luz verde a la extradición, como ya hicieron anteriormente un tribunal de primera instancia y el Tribunal Superior, Assange podrá jugar todavía una última carta ante la Corte Europea de Derechos Humanos de Estrasburgo (Francia).

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