Los restos del preso político cubano Wilmar Villar Mendoza, que murió el jueves tras una huelga de hambre de unos 50 días, serán sepultados este viernes en su pueblo natal, mientras la oposición denuncia el arresto de activistas que pretendían acudir al sepelio.

Villar, de 31 años, dejó de ingerir alimentos en protesta por la condena de cuatro años de cárcel que le impuso el 24 de noviembre un tribunal cubano, en un hecho similar al del disidente Orlando Zapata, que falleció el 23 de febrero de 2010 tras mantener en prisión un ayuno de 85 días.

Se trata de “otra muerte bajo custodia del Estado, al igual que la de Zapata”, dijo el opositor Elizardo Sánchez a la AFP, mientras que España expresó su “consternación” por el deceso de Villar y pidió a Cuba “liberar a todos los presos políticos”.

Orlando Zapata, un albañil negro de 42 años considerado como “delincuente común” por las autoridades cubanas, había sido sentenciado a tres años de cárcel, pero luego recibió otras penas que elevaron su condena a más de 25 años. Su muerte provocó una ola de críticas a Cuba en el exterior.

Los restos de Villar eran velados este viernes en una funeraria del pueblo de Contramaestre, en la provincia de Santiago de Cuba, 900 km al sureste de La Habana, y serán sepultados en un cementerio local, sostuvo Sánchez, que denunció numerosos arrestos en esa zona.

“Se han verificado un número indeterminado de detenciones de opositores en Santiago de Cuba y las provincias vecinas, Guantánamo, Granma y Holguín, para evitar que asistan al funeral”, afirmó Sánchez, quien dirige la ilegal pero tolerada Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional.

Casado con Maritza Pelegrino, integrante del grupo opositor Damas de Blanco, Villar dejó dos hijas de 5 y 10 años, dijo Sánchez. Había sido condenado por “desacato, resistencia y atentado”, fallo que consideró “injusto”, por lo que se declaró en huelga de hambre, añadió.

Explicó que Villar pasó varios días en “estado crítico”, en una sala de cuidados intensivos del Hospital Clínico Quirúrgico de Santiago de Cuba, donde había sido internado, al deteriorarse su salud.

“La Comisión considera que toda la responsabilidad moral, política y jurídica en relación con la muerte de Wilmar recae en el gobierno de Cuba”, sostuvo Sánchez, al subrayar que se trató de una “muerte evitable”.

“Ha sido imposible ir al funeral, tengo un operativo (de agentes de seguridad) frente a mi casa”, en la ciudad de Santiago de Cuba, aseguró por su parte el disidente José Daniel Ferrer a la AFP.

“Ya han arrestado a más de 30 opositores en esta ciudad, en Palmarito, Contramaestre, Palma Soriano, Moa y Holguín, para que no vayan al funeral”, añadió Ferrer, uno de los 75 disidentes condenados en 2003 y excarcelado en 2010, y líder de la Unión Patriótica de Cuba, grupo opositor al que pertenecía Villar.

El gobierno de Raúl Castro ha guardado silencio sobre este caso, pero el bloguero oficialista Yohandri calificó a Villar como un sujeto violento, “de una peligrosidad social comprobada”.

“Este hombre, que hoy se nos presenta como un luchador pacífico por los DDHH en la isla, no fue más que un violento ciudadano, de una peligrosidad social comprobada”, escribió Yohandri en su blog (www.yohandri.com).

“Su propia esposa fue una de las víctimas de su agresividad, fue sentenciado a 4 años de privación de libertad (…). Los que ubican a Wilmar Villar en el escalón de la oposición en Cuba son los mismos que quieren un Irak para la Isla. Malditos asesinos”, dijo el bloguero, que publicó también la causa del deceso: “un fallo multiorgánico por sepsis generalizada”.

El gobierno español, con el conservador Mariano Rajoy al frente, llamó a La Habana a “liberar a todos los presos políticos” y expresó su “consternación” por la muerte de Villar en un comunicado divulgado este viernes por la cancillería.

Sin embargo, el gobierno cubano niega que haya presos políticos en la isla y considera a los opositores como “mercenarios” de Estados Unidos.

Actualmente hay unos 60 opositores presos en Cuba, 16 de ellos con “licencia extrapenal”, según la Comisión de Derechos Humanos, luego de que un inédito diálogo instalado en mayo de 2010 por el cardenal Jaime Ortega con el presidente Raúl Castro condujera a la excarcelación de unos 130 disidentes, que en su mayoría se exiliaron en España.

Otros siete presos políticos fueron indultados en Navidad por Raúl Castro, quien sucedió en el mando a su hermano enfermo Fidel en 2006, dentro de un grupo de 2.991 reclusos cubanos y 86 extranjeros favorecidos por razones “humanitarias”.

Entre las razones para conceder el indulto, Raúl Castro invocó la próxima visita del papa Benedicto XVI, del 26 al 28 de marzo, y la celebración del Año Jubilar 2012 por parte de la Iglesia Católica, que se ha convertido en el único interlocutor del gobierno comunista.