El gobierno conservador español, dos semanas después de su llegada al poder, anuncia este jueves nuevas reformas destinadas a mejorar las cuentas públicas, con la voluntad de sanear de una vez por todas el sector bancario y las finanzas de las autonomías.

El primer plan anunciado el pasado viernes, que combinaba recortes de 8.900 millones de euros y subas de impuestos por 6.300 millones, sólo era el “inicio del inicio”, como advirtió la portavoz del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

En el menú del Consejo de Ministros de este jueves, según la prensa española, se sencuentran medidas destinadas a luchar contra el fraude fiscal y a reducir el número de empresas públicas.

Estas últimas, unas 400, acumulan una deuda de 32.000 millones de euros, asegura el diario económico Cinco Días, mientras que a nivel regional, otras 2.600, tendrían una deuda de 15.000 millones.

El gobierno espera suprimir algunas, fusionar otras y proceder a privatizaciones en otros casos.

Y es que para el gobierno de Rajoy el tiempo apremia: las cuentas públicas, a finales de 2011 tenían un déficit de cerca del 8% del PIB, muy superior al objetivo del 6%, como reconoció el lunes el ministro de Economía Luis de Guindos.

Para lograr el objetivo del déficit del 4,4% para finales del 2012, habrá que encontrar más de 40.000 millones de euros, mediante nuevas medidas de austeridad o nuevas subas de impuestos.

Para el titular de Economía, las dos principales amenazas para cumplir estos objetivos son el sector bancario, debilitado tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria en 2008 y que puede necesitar dinero público y las 17 autonomías, víctimas del mismo fenómeno y altamente endeudadas.

En el caso de los bancos, “teniendo en cuenta las valoraciones que se han dado en casos como el de Irlanda, como máximo se necesitaría realizar 50.000 millones de euros de provisiones adicionales”, declaró el ministro al diario ecónomico Financial Times.

“En la gran mayoría de los casos, pueden realizarlas por sí mismos, gracias a sus beneficios”, agregó.

Es el doble que las previsiones de la Autoridad Bancaria Europea (EBA), que estableció en 26.160 millones las necesidades para los cinco mayores bancos del país, un cálculo que sólo pretende mejorar la solvencia de los bancos y no tiene en cuenta los activos inmobiliarios nocivos del sector español.

Habiendo prestado sin control tanto a promotores como a particulares, existen al menos 176.000 millones de euros de créditos problemáticos, viviendas y terrenos, cuyo valor no cesa de degradarse.

Otra fuente de preocupación del gobierno son las autonomías que disponden de amplias competencias, entre otras, la salud y la educación y una enorme autonomía financiera.

En el tercer trimestre de 2011, su deuda se elevaba a 135.151 millones de euros, un 12,6% del PIB del país, un récord histórico según cifras del Banco de España.

Señal de que la situación es dramática, el Estado central tuvo que intervenir en los últimos días para ayudar a Valencia (este) que no podía hacer frente al pago de unos 125 millones de euros al Deutsche Bank.

A partir de ahora, se va a exigir mucho más control a estos malos alumnos. En marzo se pretende aprobar una ley que introduce “un control a priori” de los proyectos presupuestarios: “antes de aprobar su presupuesto tendrán que obtener la luz verde del gobierno central”, anunció de Guindos.

Una decisión histórica para este país muy descentralizado, que ya ha sido tildada de “inaceptable” e “intolerable” por Francesc Homs, portavoz del gobierno de Cataluña, una autonomía histórica con pretensiones independentistas.