Decenas de miles de personas -100.000 según los organizadores, 70.000 según los observadores- manifestaron la noche del lunes en Budapest contra el primer ministro conservador, Viktor Orban, una movilización sin precedentes convocada por partidos de izquierda y ecológicos, así como por movimientos de la sociedad civil.
Hasta ahora los llamados a manifestarse contra el gobierno sólo habían atraído a unos cuantos miles de personas, pero esta vez decenas de miles de ciudadanos salieron a las calles a protestar contra la nueva Constitución húngara, por considerar que viola la democracia.
En momentos en que Orban y sus seguidores celebraban la nueva Constitución en la Ópera de Budapest, los manifestantes se reunieron cerca coreando la consigna de “Habrá de nuevo una República”, alusión directa a la desaparición, en la nueva Constitución, del nombre de “República de Hungría”, reemplazado simplemente por “Hungría”.
El partido socialista MSZP, el partido ecologista de izquierda PML y el nuevo partido DK del ex primer ministro socialista, Ferenc Gyurcsany, participaron en la manifestación, junto a numerosos movimientos de la sociedad civil.
Los manifestantes, además de los lemas contra el gobierno de Orban, esgrimieron carteles con las inscripciones: “¡Basta!”, “Dictadura Orban”, “Orbanización”.
Todo esto mientras los miembros del gobierno y el presidente Pal Schmitt se reunían en Opera de Budapest para una ceremonia por la entrada en vigor de la nueva Constitución.
“Viktor Orban y sus servidores hicieron pasar a Hungría de ser un lugar prometedor al lugar más sombrío de Europa”, comentó al comenzar la manifestación el diputado socialista Tibor Szanyi, que llamó a la población a “sacarse de encima la dictadura Orban”.
La nueva Constitución, adoptada en abril con la mayoría de dos tercios que tiene el partido Fidesz de Orban en el Parlamento, despertó críticas de la Unión Europea y Estados Unidos así como de Amnistía Internacional y numerosas otras organizaciones no gubernamentales.
Para los detractores del texto, la nueva Constitución limita los poderes de la Corte Constitucional, amenaza el pluralismo de la prensa y pone fin a la independencia de la justicia.
Las leyes constitucionales que la acompañan son a su vez consideradas como un ataque a la independencia del Banco Central, una ayuda al partido del gobierno para las elecciones parlamentarias y una forma de imponer la política fiscal del régimen conservador a los gobiernos futuros.
