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Matan a tiros a ex asesor del ministerio de Seguridad de Honduras

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El ex asesor del ministerio de Seguridad de Honduras, Alfredo Landaverde, férreo crítico de la corrupción de la policía, murió este miércoles tras ser atacado a tiros en la periferia noreste de la capital, informó un vocero del hospital donde fue llevado herido.

“Lamentablemente estamos confirmando la muerte del ingeniero Alfredo Landaverde, clínicamente fue dado por muerto, entró herido, y su esposa está herida de un balazo”, dijo la portavoz del hospital Escuela (estatal), Lilia Leiva, a la AFP.

La muerte de Landaverde, baleado por sicarios según las primeras versiones policiales, ocurre un día después de que también asesinos a sueldo mataran a la periodista Luz Marina Paz y a un mecánico que la acompañaba, en la periferia suroeste de Tegucigalpa, elevando a 17 la cifra de comunicadores asesinados en Honduras desde 2010.

Landaverde, activista de derechos humanos, viajaba con su esposa en su vehículo por la colonia 21 de Octubre, donde dos motociclistas le dispararon, dejándolos gravemente heridos y él fue declarado clínicamente muerto en el hospital.

Citado con frecuencia como analista en la prensa para comentar sobre la corrupción y los nexos de la policía con el crimen organizado, la muerte de Landaverde provocó una fuerte conmoción en Honduras en medio de la ola de violencia que agobia a la población.

Visiblemente impactado, el presidente Porfirio Lobo intervino inmediatamente en radios locales para lamentar la muerte de Landaverde, a quien describió como “un gran hondureño, un líder político en su momento, que ha contribuido con su querida patria”.

“No nos van a debilitar en esta tarea, vamos a triunfar. No nos van a amedrentar (…) tomaremos medidas adicionales para que esto no suceda, lo que le pido a la ciudadanía es que colabore” con suministrar información “sobre los culpables de los crímenes”, demandó Lobo.

Honduras se ubica entre los países con mayor tasa de homicidios en el mundo (82 por cada 100.000 habitantes), de acuerdo con el primer estudio global sobre homicidios de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) divulgado en octubre y que consideró 207 países.

El propio gobierno ha reconocido que los organismos de seguridad se encuentran seriamente infiltrados por las mafias y que cuerpos enteros de la policía están vinculados al secuestro, el sicariato, el narcotráfico y el robo de autos, entre otros delitos.

Para contrarrestar la criminalidad, el presidente Porfirio Lobo se propone declarar un estado de emergencia, que permite incorporar a los militares a labores típicamente policiales, lo cual es criticado por organizaciones sociales y de derechos humanos.

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