Los servicios públicos y los vuelos comerciales se encontraban seriamente perturbados este jueves en Portugal a causa de una huelga general contra las medidas de austeridad emprendidas por el Gobierno de centro-derecha a cambio de asistencia financiera internacional.
La huelga fue convocada por los dos principales sindicatos del país, CGTP y UGT, y afectaba el conjunto de servicios públicos, como la educación, la sanidad y la justicia.
“La huelga es un sacrificio por el bien del país. Es una tarjeta roja al gobierno por su acción, que conduce a la pauperización”, afirmó Manuel Carvalho da Silva, secretario general de la CGTP, en el aeropuerto de Lisboa, frente a un panel de información que anunciaba la anulación de los vuelos previstos.
La casi totalidad de vuelos con salida y llegada en Portugal estaban anulados este jueves, según el sitio web de Ana (Aeropuertos de Portugal).
La aerolínea TAP suprimió 121 vuelos comerciales de los 140 previstos, indicó un responsable del transportista, precisando que los controladores aéreos sólo garantizarán un servicio mínimo a las islas Azores o Madeira, mientras que otros 17 vuelos fueron reprogramados.
En Lisboa, el metro estaba parado y el servicio de transbordadores fluviales que conecta las dos riberas del Tajo también se encontraba interrumpido. El transporte ferroviario estaba perturbado por el paro.
“Todo parece indicar que la movilización será más fuerte que durante la última huelga general del 24 de noviembre de 2010″, dijo Joao Proença, secretario general de UGT.
Unas treinta manifestaciones estaban previstas en todo el país y en particular en Lisboa por iniciativa de los sindicatos y de los movimientos de los “indignados”.
“Entiendo que la gente se manifieste, es la única manera de expresar el descontento”, declaró a la AFP Joao Pedro, un empleado de 30 años.
El objetivo de la huelga general es protestar contra las medidas de austeridad aplicadas por el Gobierno a cambio de una asistencia financiera de 78.000 millones de euros otorgada por la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para financiar la deuda portuguesa.
Además de aumentar el IVA y el precio de los transportes, el plan de austeridad del gobierno afecta especialmente a los funcionarios. Los sueldos de estos han sido congelados y el año próximo perderán dos de sus 14 pagas mensuales. En el sector privado, la jornada laboral se aumentará en media hora.
El primer ministro, Pedro Passos Coelho, dijo que la política de rigor es “indispensable para sacar el país de su situación” de crisis.
Según estimaciones oficiales, esa política de rigor provocará el año próximo una contracción del PIB de 3%, y el desempleo afectará al 13,4% de la población activa.
El país recibió otra mala noticia este jueves cuando la agencia Fitch anunció que rebajó un peldaño la nota crediticia portuguesa, de BBB- a BB+.
Fitch dijo que la nota tiene una perspectiva negativa, lo que significa que podría verse rebajada de nuevo a causa de “los grandes desequilibrios fiscales, un alto endeudamiento en todos los sectores y las perspectivas macroeconómicas adversas”.
Esa eventualidad se traduciría en una mayor presión sobre la deuda portuguesa, motivo que obligó al país a pedir asistencia exterior.
