Trescientos trabajadores -la planta completa- serían próximamente despedidos del Instituto Chileno Norteamericano, que pasaría a formar parte de la corporación dueña de la Universidad Santo Tomás. La administración pone en duda el pago de la indemnización por años de servicio.

A pesar de que el Norteamericano también es una corporación privada sin fines de lucro y por lo tanto no puede ser vendida o traspasada, la UST estaría entregando una millonaria suma por la adquisición de la marca, luego que el instituto binacional empezara a principios de 2011 la búsqueda de un inversionista que le permita pagar la elevada deuda que lo tiene en bancarrota; monto que asciende a diez millones de dólares, según informa la administración.

El origen de la deuda se remonta mucho tiempo, quizás décadas, sin embargo comenzó a hacer crisis en los últimos dos años. Éstos coinciden con el período en que ejercía la presidencia del directorio de este Instituto la señora Paulina Dittborn, conocida en el ámbito de las universidades privadas especialmente por la acreditación de la UDLA y su posterior cargo de prorrectora en la misma casa de estudios.

Durante el ejercicio de Dittborn, el Chileno Norteamericano creó y echó a andar un Instituto Profesional, con altos costos para la ya mermada situación financiera, y traspasó con contrato de leaseback el 85% de la propiedad inmobiliaria.

Según la periodista María Olivia Mönckeberg, ésta es la forma en que generalmente las universidades privadas logran extraer las ganancias, puesto que comienzan a pagar arriendo por propiedades que antes les pertenecían. Para colmo, el traspaso no trajo ningún beneficio significativo al estado financiero.

Dos meses antes del término de su período en la presidencia de nuestro Instituto, en Agosto de 2011, Dittborn renunció a su cargo. Al cabo de sesenta días, en octubre, la misma Paulina Dittborn pasó a formar parte del directorio de la Universidad Santo Tomás, la empresa que según ha trascendido es la principal interesada en la compra del Instituto.

Los bienes inmobiliarios en cambio, según consta en el Conservador de Bienes Raíces, son ahora propiedad del Banco Internacional, que le pertenece a Andrés Navarro, también dueño de la conocida empresa Sonda, donde comparte puesto en el directorio con el esposo de Dittborn, Juan Guzmán Molinari, otro conocido de la educación privada. Ambos, Guzmán Molinari y Navarro, formaron también parte del directorio de la Universidad Andrés Bello.

Los trabajadores
Los profesores y administrativos hemos sido escasamente informados de todo lo acontecido. Para nosotros la crisis empezó en mayo, cuando los sueldos comenzaron a atrasarse por varios días, incluso semanas y cesó el pago de las imposiciones.

Fuimos avisados de la búsqueda de un “socio estratégico”, pero lentamente se evidenció que se trataba de una venta, aún cuando el Ministerio de Justicia, que otorga el marco legal a las corporaciones privadas sin fines de lucro, establece que no existe tal figura. Sólo a través de una constante presión hemos logrado conocer una pequeña parte de este diseño.

Sin embargo, ante cada gesto de presión, se nos amenaza con el fantasma de la quiebra. El Director ejecutivo del Instituto, Pablo Torrealba, que asumió interinamente a principios de año luego de haber trabajado como asesor financiero durante el 2010 invitado por Paulina Dittborn, se ha encargado de mantener a flote las finanzas y contener mediante promesas y amenazas a los trabajadores mientras otro asesor, Enrique Etchegaray Aubry, realiza las negociaciones con el eventual inversionista.

Lo trabajadores hemos estado expuestos a un alto nivel de ansiedad producto de sueldos impagos y retenciones no sólo de nuestras imposiciones, sino también ahorros y cuotas de crédito que se descuentan por planilla. Hemos tenido dificultades para optar a créditos, muchos figuran como morosos y otros han tenido problemas para la atención médica de sus familias.

En los últimos días, y en respuesta a advertencias de acciones legales, logramos enterarnos que el plan en curso incluye el despido de toda la planta. Pero se nos advierte que no habrá fondos para pagar la indemnización completa de todos. El monto de la venta alcanzaría a pagar los acreedores financieros, pero el saldo restante no cubre el total de las indemnizaciones.

Como compensación se le ofrecería a algunos la posibilidad de nuevos contratos. Pero hasta el momento no se les ha presentado a los trabajadores ninguna propuesta formal que especifique las nuevas condiciones laborales.

Nosotros, a pesar de estar muy acongojados por la pérdida de nuestros puestos de trabajo y de condiciones laborales garantizadas por sendos contratos colectivos de profesores y administrativos, abogamos hoy por que se nos pague la totalidad de nuestra indemnización por años de servicio, el pronto pago de nuestras remuneraciones de octubre y la cancelación de las imposiciones y otros descuentos realizados desde el mes de mayo que no han sido pagados.

Nuestro sindicato se mantiene a la espera de una postura clara por parte de la actual administración y, en caso de haberla, una propuesta concreta de quienes se harán cargo.

Nos parece inaceptable que sean los trabajadores los únicos afectados en su patrimonio personal producto de una situación donde no les cabe responsabilidad. Por lo tanto, continuaremos ejerciendo todas las formas válidas de presión para salvaguardar todos nuestros derechos establecidos en la ley.

Atte.

Sindicato de Profesores Instituto Chileno Norteamericano