El célebre juez español Baltasar Garzón, pendiente de un proceso por haber querido investigar los crímenes amnistiados del franquismo, será juzgado a partir del 29 de noviembre por otro caso relacionado con escuchas ilegales, anunció el viernes el Tribunal Supremo.
Garzón, de 56 años, está acusado de haber ordenado escuchas telefónicas de conversaciones entre sospechosos y sus abogados, violando los derechos de la defensa, en el marco de la investigación de la red de corrupción que salpicó al Partido Popular (PP, derecha en la oposición) a principios de 2009.
Al juez se le imputan los cargos de “prevaricación” y “uso de instrumentos de escucha y grabación en violación de las garantías constitucionales” y, de ser declarado culpable, Garzón podría quedar apartado de la judicatura durante varios años, lo que podría suponer el final de su carrera.
Conocido por ser uno de los “jueces estrella” en España debido a su gran mediatización, Garzón está a la espera de otro proceso en el Tribunal Supremo, que le juzgará por “prevaricación” por haber querido investigar sobre los desaparecidos de la Guerra Civil (1936-39) y del franquismo (1939-75) pese a la existencia de una ley de amnistía votada tras la muerte del dictador Francisco Franco (en 1975).
Garzón está suspendido provisionalmente de sus funciones de juez en la Audiencia Nacional desde mayo de 2010 y en marzo presentó una demanda ante la Corte Europea de Derechos Humanos por estos procesos, al estimar que se habían violado sus derechos.
Garzón también está inculpado en un tercer proceso por, presuntamente, haber archivado un caso contra el Banco Santander por un delito fiscal, después de haber recibido dinero de esa entidad para dar unas conferencias sobre terrorismo en Nueva york en 2005 y 2006.
Desde que fuera suspendido de la Audiencia Nacional, el magistrado, mundialmente conocido por haber hecho detener en 1998 en Londres al ex dictador chileno Augusto Pinochet, trabaja como consultor para la Corte Penal Internacional (CPI).
