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Rousseff mantiene en el cargo a ministro acusado de corrupción en Brasil

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La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, decidió el viernes mantener en su cargo al ministro de Deportes, Orlando Silva, responsable de la organización del Mundial de Fútbol 2014 e involucrado en denuncias de corrupción, al término de una reunión con el funcionario.

El gobierno “no condena a nadie sin pruebas y parte del principio civilizado de presunción de inocencia”, dijo Rousseff en un comunicado difundido por su despacho.

La mandataria, que regresó el jueves en la noche de una gira por países africanos, se reunió por primera vez con Silva desde que estalló el escándalo por las declaraciones a la prensa de un ex colaborador suyo que lo acusó de desvío de fondos públicos.

“No vamos a aceptar que alguien sea condenado sumariamente”, afirmó Rousseff.

Silva ha defendido su inocencia a lo largo de una semana de especulaciones de prensa que daban por un hecho su salida.

El ministro aseguró que la mandataria le reafirmó su “confianza y solidaridad”, según declaraciones divulgadas por la agencia estatal de información. “Conseguimos probar la actitud correcta que tenemos en el ministerio del Deporte”, agregó.

Silva fue acusado por el ex policía Joao Dias de liderar un esquema de desvío de dinero público hacia ONG vinculadas con el Partido Comunista de Brasil, al que pertenece, y de recibir sobornos en el garaje del ministerio, en un artículo publicado el fin de semana por la revista Veja.

Dias, detenido en 2010 por presunto desvío de recursos del ministerio de Deporte y liberado posteriormente, ofreció a los legisladores de oposición presentar pruebas materiales de sus denuncias, aunque todavía no ha concretado su anuncio.

El ministro reiteró su disposición a levantar el secreto bancario sobre sus cuentas en un intento por desmentir las “infamias y mentiras” de las que asegura ser víctima.

Silva, a cargo de los preparativos de la Copa del Mundo y los Juegos Olímpicos de 2016, es el quinto miembro del gabinete de Rousseff acusado de corrupción.

Los cuatro anteriores se vieron forzados a dimitir, en un lapso de 100 días, presionados por denuncias de irregularidades.

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