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Abogado explica la Ley de Seguridad del Estado: “Las penas son grotescamente mayores”

Archivo | Sebastián Poch en Flickr (CC)
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Con muchísima fuerza se ha escuchado sobre la Ley de Seguridad del Estado. Muchos sectores han pedido abiertamente su aplicación, sobretodo en aquellos casos que han tenido mayor connotación pública, como la quema de un Transantiago.

Sin ir más lejos, la senadora RN Lily Pérez, este miércoles en reunión con el presidente Sebastián Piñera le pidió abiertamente la aplicación de esta ley en aquellas regiones donde se generan los mayores hechos de violencia.

En conversación con A toda Radio de Bío-Bío de Valparaíso y Viña del Mar, el abogado Daniel Stingo explicó los alcances y en qué consiste esta polémica normativa.

El profesional destacó que ante un hecho similar, las penas que se pueden llegar a aplicar son “grotescamente mayores”.

Esta ley que fue promulgada bajo dictadura militar en 1975 y cuyas últimas modificaciones fueron aplicadas el 2010, se refiere principalmente a la seguridad interior y exterior de Chile. Con el objetivo de ser aplicada para delitos que afecten la seguridad del Estado.

Su nombre es Ley de Seguridad del Estado y no Ley de Seguridad Interior del Estado, como el propio Ministro del interior se refirió a ella en los últimos días.

La ley es tan amplia que involucra casi todo lo que altere el orden público. Desde la protesta o cortes de tránsito, hasta la instalación de barricadas y evidentemente la quema de un bus.

Por ejemplo, si se detiene a un joven por Carabineros por alterar el orden público, en una protesta, se le aprehende, se lleva a la comisaría y lo más probable es que su sanción no supere más de una multa y quizás unas horas retenido.

Sin embargo, el mismo joven detenido, si se le aplica esta ley, puede ser condenado desde 541 dias a 5 años de presidio.

Para el abogado Stingo aplicar esta normativa es “una tontera de gente exagerada que no tiene sentido”, pues además de ser impopular es extemporánea y hasta antidemocrática. A juicio del profesional, es momento de borrarla de la jurisprudencia de Chile.

Escuche la entrevista de Mauricio Barrientos y Karen Cortés:

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