Una nueva ley del Ministerio de Justicia encabezado por el ministro Teodoro Rivera, se encuentra en el segundo trámite constitucional del Congreso, busca eliminar la reclusión nocturna y reemplazarla por la vigilancia electrónica.
Medida que contempla la “pena mixta” o convenios de trabajos comunitarios, que presentó el año pasado el ahora ex titular del ramo, Felipe Bulnes, y que sería cumplida en los domicilios de los sentenciados, previa instalación de controles móviles, tanto en el cuerpo como en los hogares del infractor.
Modificaciones que el diputado DC y parte de la comisión de Constitución, Legislación y Justicia, Matías Walker valoraron, aunque recalcó que la idea proviene del Gobierno de Eduardo Frei.
Apreciación del parlamentario, que su par de la UDI, Giovanni Calderón, no compartió al señalar que las ideas anteriores violaban algunos derechos humanos.
El costo anual de la implementación del nuevo sistema de medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas tendrían un costo anual de 50 millones de dólares.
