El gobernador de California, Jerry Brown, firmó este sábado la “Ley Sueño de California” (Dream Act), que convierte a los inmigrantes ilegales en posibles beneficiarios de dinero estatal para acudir a estudiar a universidades estadounidenses, comunicó su oficina.

Gracias a esta ley, los inmigrantes ilegales que han acudido a la escuela secundaria en el Estado de California pueden recibir la ayuda “Cal-Grant”, que el año pasado repartió becas a más de 370.000 estudiantes pobres, proporcionando una media de 4.500 dólares por asistencia.

“Ir a la universidad es un sueño que promueve la motivación intelectual y el pensamiento creativo. ‘La Ley Sueño’ (Dream Act) nos va a beneficiar a todos proporcionándoles a los mejores estudiantes una oportunidad para mejorar sus vidas y las de todos”, dijo Brown.

Funcionarios californianos estiman que alrededor de 2.500 estudiantes estarán cualificados para recibir la beca con la entrada en vigor de la nueva legislación, la que se denominará AB 131 y que tendrá un coste de 14,5 millones de dólares, tal y como ha comunicado la oficina de Brown.

La totalidad del programa “Cal Grant” está subvencionada con 1.400 millones de dólares, lo que se traduce en que sólo un 1% de todo el dinero del programa va a ser gastado en la AB 131 cuando la ley entre en vigor, señala el comunicado.

La ley fue aprobada por el Congreso de California el pasado 2 de septiembre y estaba a la espera de la firma del gobernador.

Brown, un experimentado demócrata, se hizo cargo del estado de California el pasado mes de enero, cuando sucedió al ex actor convertido ahora en político, Arnold Schwarzenegger, quien había vetado esta legislación.

La aprobación de la ley en el estado liberal de California, que posee un gran número de población inmigrante, puede ser vista como una señal para los legisladores de Washington sobre la controvertida ley de Desarrollo, Ayuda y Educación de los Menores Extranjeros (“Development, Relief and Education for Alien Minors”).

La ley federal DREAM podría proporcionar un permiso de residencia de seis años a los graduados en la escuela secundaria que hayan llegado a Estados Unidos de manera ilegal, además de dejarles pagar tasas universitarias mucho más baratas u obtener becas con el objetivo de que puedan financiarse los estudios universitarios.

Esta ley podría beneficiar a 55.000 hijos de inmigrantes que fueron llevados de forma ilegal a Estados Unidos por sus padres y que se han formado en el sistema público de educación únicamente hasta las puertas de la universidad porque las tasas eran muy elevadas.