El presunto etarra Eneko Gogeaskoetxea fue acusado recientemente de un nuevo delito, informó su abogado este martes en Londres tras una breve vista preliminar de su proceso de extradición a España durante la cual el juez ordenó que continúe en prisión.
Este nuevo cargo, que le fue imputado el 20 de septiembre y estaba contenido en la octava orden europea de arresto emitida por las autoridades españolas, eleva a 15 los “delitos de terrorismo” que Gogeaskoetxea, de 44 años, afrontará en su juicio de extradición, programado para los próximos 14, 15 y 16 de diciembre en la Corte de Magistrados de Westminster.
Se refiere a la colocación de una artefacto explosivo en la entrada de un edificio de la compañía Enagas en la localidad alavesa de Berantevilla (País Vasco) el 22 de diciembre de 1996, que no causó víctimas pero sí daños materiales por valor de 1,5 millones de pesetas (9.000 euros), precisó el abogado Alastair Lyons.
En los dos minutos que duró la vista de este martes en la Corte de Magistrados de Westminster, en la Gogeaskoetxea compareció nuevamente mediante videoconferencia desde la prisión de Belmarsh, el juez ordenó su mantenimiento en prisión hasta la próxima audiencia preliminar prevista el 1 de noviembre.
Eneko Gogeaskoetxea fue detenido el 7 de julio en la localidad inglesa de Cambridge, donde vivía desde varios años con su familia bajo el nombre falso de “Cyril Macq”.
Las autoridades españolas le reclaman principalmente por un intento de atentado durante la inauguración del museo Guggenheim de Bilbao en octubre de 1997, a la que debía asistir el rey Juan Carlos de España, en el que murió un policía autonómico vasco.
Los otros delitos están relacionados con su participación en atentados cometidos en 1996 y 1997 por el comando “Katu” de la organización separatista armada vasca, al que según las autoridades españolas pertenecía el acusado.
La defensa, sin embargo, ya ha anunciado que luchará contra la extradición que Gogeaskoetxea rechaza argumentando principalmente la no coincidencia de los delitos que se imputan a sus clientes con los cargos por los que otros coacusados fueron juzgados en España.
