Familiares de 224 personas muertas en 2006 en Panamá tras ingerir un jarabe para la tos adulterado, importado por una empresa hispana, pidieron al gobierno panameño una acción “contundente” ante España, luego de que la justicia de ese país eximiera de responsabilidad a la compañía.
“Exigimos al gobierno de Panamá un pronunciamiento más en firme contra el Estado español”, dijo este miércoles a la AFP Gabriel Pascual, coordinador del Comité de Familiares por el Derecho a la Salud y la Vida, que agrupa a parientes de las 224 personas que murieron tras consumir el jarabe.
La Audiencia Nacional española, máxima instancia judicial del país, archivó definitivamente el caso el martes, ratificando lo decidido en abril por un juez, causando indignación de los familiares de las víctimas.
“Somos seres humanos y la vida de un panameño tiene un valor” por lo que “estamos pidiendo al gobierno de Panamá un pronunciamiento claro y contundente ante la decisión tomada por la Audiencia Nacional de España”, añadió Pascual.
Cientos de pacientes panameños resultaron intoxicados por la ingesta del jarabe expectorante sin azúcar, para hipertensos y diabéticos, que terminó siendo un veneno contaminado con ‘dietilenoglicol’, un producto de uso industrial, no apto para el consumo humano.
Este producto se encontraba en nueve toneladas de glicerina enviadas por el grupo chino CNSC Fortune Way Company a la farmacéutica española Rasfer Internacional, que las vendió a la compañía Medicom de Panamá para elaborar el jarabe, que fue distribuido a los pacientes del Seguro Social panameño.
Un panel de tres jueces de Audiencia Nacional española desestimó una apelación en contra del sobreseimiento del caso presentada por el Seguro Social panameño y abogados de familias de las víctimas.
De este modo, la Audiencia ratificó un fallo del juez Ismael Moreno, que en abril pasado ordenó cerrar el caso contra Rasfer Internacional, al considerar que esta empresa era una “mera intermediaria comercial” y “no estaba obligada a realizar análisis alguno del producto”.
Sin embargo, este criterio no es compartido por los familiares de las víctimas, que arremetieron contra España y prometieron nuevas acciones legales.
“Pedimos a las autoridades panameñas que hagan un llamado internacional al presidente de España (José Luis Rodríguez Zapatero), pidiéndole una revisión del caso”, dijo a la AFP Mitzila Donado, cuyo padre murió envenenado por el jarabe.
Según Donado, las autoridades panameñas no han hecho lo suficiente para defender a las víctimas.
“Panamá como país debió haber actuado enérgicamente al respecto, porque aquí quienes están muriendo y padeciendo son seres humanos”, dijo Donado.
“Lástima que no se aprovechó la visita reciente que hizo (el presidente Ricardo) Martinelli a España y que se reunió con los empresarios españoles para tocar este tema”, agregó.
Según Pascual, más de 10.000 personas fueron afectadas, aunque las autoridades panameñas sólo reconocen 224 muertes y 62 sobrevivientes. Por este caso hay 27 personas en libertad condicional y una detenida, un representante de Medicom.
“Se descarta un acusado como Rasfer pero se continuarán las acciones contra China y las instituciones del Estado panameño”, dijo a la AFP uno de los abogados de las víctimas, Renaul Escudero.
“Las acciones siguen acá en Panamá pidiendo la responsabilidad de los funcionarios públicos y la empresa panameña y (sus) financistas y en caso de que sean considerados insolventes frente a la responsabilidad económica, entonces tendrá que responder el Estado frente a las víctimas”, añadió.
“No vamos a permitir que esto se quede en el olvido”, dijo Pascual.
