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Sobreseen a ex funcionarios argentinos y empresarios por caso Thales-Menem

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La justicia argentina sobreseyó a empresarios y ex funcionarios del gobierno de Carlos Menem, acusados de un presunto fraude en la concesión del espacio radioeléctrico al grupo francés Thales en Buenos Aires en los ’90, informó el miércoles una fuente judicial.

“La Cámara de Casación Penal, por mayoría, dispuso el sobreseimiento de acusados en la causa Thales Spectrum”, señaló el Centro de Información Judicial (CIJ), aunque el fallo aún puede ser apelado ante la Corte Suprema.

Este fallo no se expide sobre el procesamiento del ex presidente Carlos Menem (1989/99), sobre quien pesa además un embargo de 200 millones de pesos (USD 48,4 millones) por presunta “defraudación al Estado”, que también fue apelado.

Con este dictamen, la justicia hizo lugar a los planteos de un grupo de imputados y se revocaron sus procesamientos al considerar que el delito no está acreditado.

“La investigación de los hechos calificados como presunta defraudación a la administración pública se encuentra agotada”, consideró el fallo firmado por dos de los tres camaristas.

La resolución de la Cámara de Casación Penal beneficia a los ex directivos de la empresa francesa en Argentina, Jorge Neuss y Juan Carlos Cassagne, así como al entonces secretario de Comunicaciones Germán Kammerath y el ex interventor de la Comisión Nacional de Comunicaciones Alberto Gabrielli.

Fueron sobreseídos también Matías Bourdieu, Patricio Feune de Colombi, Luis Alberto Romero, Roberto Catalán, Roberto Uanini, Alejandro Cima, Pablo Arancedo y Hugo Zothner, según el fallo.

Además quedaron sin efecto los embargos millonarios que pesaban sobre los acusados.

No figura en la lista de beneficiados el encausado francés Jean Nicolas Rostan d’Ancezune West, quien reside en Uruguay.

La justicia de Buenos Aires investiga la concesión otorgada por Argentina a una filial de la empresa francesa Thales (anteriormente denominada Thomson CSF), que privatizó el espacio radioeléctrico nacional en 1997, en una licitación inusual y sin competidores, según los fallos anteriores.

Este contrato fue anulado en 2004 por el ex presidente Néstor Kirchner (2003/2007).

En el expediente se investigan también supuestos sobornos por unos 25 millones de dólares, que habrían sido pagados a través de Suiza, según confesión ante la justicia suiza del arrepentido francés Lionel Queudot.

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