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Consejo para la transparencia entrega resultados de la primera evaluación de acceso a la información

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El Consejo para la transparencia entregó los resultados de la primera evaluación sobre el acceso a la información Pública.

Dentro de las principales conclusiones del organismo, esta que los empleados fiscales no tienen conocimiento de los alcances de la ley de transparencia.

Con el metodo del “cliente oculto” el Consejo para la Transparencia salió a la calle a evaluar el desempeño de las distintas reparticiónes del Estado en su rol de dar acceso a los ciudadanos, a su derecho a la información pública.

Así el organismo elaboró 44 propuestas, 29 de las cuales, por ley, debía entregárseles la información al requiriente. Aquí se llevaron la primera sorpresa, pues 5 de esas peticiones, no lograron ser ingresadas a la institución a evaluar.

De las restantes, sólo 16 obtuvieron una respuesta satisfactoria de parte de la institución, lo que habla de un porcentaje de fallo de un 45 por ciento.

Las distintas reparticiones públicas fueron divididas en 3 áreas: económica, política y social, siendo esta última, como indica el presidente del Consejo para la transparencia, Raúl Urrutia, la que genera mayor preocupación.

Otro de los aspectos que destaca el estudio, es que aquellas personas que tienen algún grado de conocimiento sobre la ley de transparencia, son más proclives a obtener respuesta a su solicitud de información.

Asimismo como indica Eolo Díaz-Tendero, director de estudios del concejo, hay una falta de capacitación de parte de los funcionarios públicos, que no son capaces de orientar a las personas que recurren a solicitar información.

Por su parte, Raúl Ferrada, director del Consejo para la Transparencia, recordó que los ciudadanos tienen el derecho a saber y tener conocimiento de las distintas actuaciones del Estado.

El presidente del Consejo recordó que es vital llenar los formularios cuando se solicita información por la ley de transparencia, pues es la única forma de establecer sanciones a futuro en caso de que no se entregue acceso a la información.

Castigos que en caso de los jefes de servicio pueden llegar incluso a la suspensión del cargo y la retención del 100 por ciento de sus remuneraciones.

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