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Diputado Meza (PRSD) valora acusación de Fiscalía contra empresas de transporte por colusión

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El jefe de la Bancada del Partido Radical Social Demócrata y miembro de la comisión de Transportes, Fernando Meza, manifestó su satisfacción por la denuncia de la Fiscalía Nacional Económica que acusó de colusión a cinco empresas de buses interurbanos y pidió multas por más de US $48 millones en total en contra de estas firmas.

El parlamentario informó que el jueves fue el propio subjefe de la Fiscalía Nacional Económica quien le dio a conocer los resultados de la investigación realizada en contra de estas empresas, acogiendo las denuncias que hace años había realizado el legislador sobre el tema.

“Entregamos los antecedentes a la Fiscalía Nacional Económica, presenté un proyecto de ley para regular el alzas exorbitante de los pasajes y ayer me llamaron de la fiscalía para decirme que era verdad, hay colusión, se han puesto de acuerdo y esta multa de más de 40 millones de dólares, mas de 20 mil millones de pesos que se les ha cursado a estas dos primeras empresas, Pullman Bus y Turbus, viene a darme la razón de esto que hemos estado planteando”, relató el legislador.

El diputado por la Región de la Araucanía, aclaró que la investigación de la Fiscalía Nacional Económica no ha concluido, y que son varias las empresas que serán indagadas por colusión y abuso de posición dominante.

“Este es el comienzo de una batalla que venimos realizando desde hace tres o cuatro años y éste es el primer triunfo y espero que se sigan materializando estas investigaciones y se siga castigando de manera ejemplar a aquellos que usan y abusan del poder para seguir castigando los bolsillos de la ciudadanía”, acotó el congresista.

Frente a este mismo tema, en abril pasado la Bancada Radical presentó un proyecto de ley que busca terminar con las alzas desmedidas que experimentan los precios de los pasajes de buses interurbanos e interprovinciales durante festividades o en fines de semana largo.

La propuesta propone crear un sistema de banda de precios para el sector del transporte público terrestre como una variable de la regulación del comercio mediante el cual se establece un precio mínimo (piso) y un precio máximo (techo), que se fijará por reglamento antes del 31 de diciembre de cada año.

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