Los jóvenes “indignados” que acampan en la madrileña Puerta del Sol consideran reducir el tamaño de su campamento, pero están divididos sobre la forma de poner fin a esta ocupación que comenzó hace más de dos semanas y amenaza con perjudicar a la popularidad del movimiento.

Desde el martes por la tarde, las asambleas generales que reúnen a cientos de manifestantes han abierto el debate sobre la reorganización del campamento, que ocupa buena parte de esta plaza turística del centro de Madrid.

Los “indignados” parecen haber llegado a un consenso sobre la necesidad de reestructurar el campamento con el fin de solucionar los problemas de organización y de seguridad que se multiplican.

Este miércoles, ya habían quitado algunas lonas, haciendo más fácil la circulación dentro y alrededor del campamento. Algunos abogan por una reducción del tamaño del campamento, incluida la posibilidad de que sólo quede un pequeño puesto de información, mientras que otros querrían mantenerlo intacto.

“Vamos a seguir debatiendo sobre la reestructuración del campamento en la asamblea de esta tarde (miércoles)”, dijo un portavoz.

El movimiento de protesta de los jóvenes contra el desempleo, la clase política o las derivas del capitalismo ha tenido, desde su aparición el 15 de mayo, un gran eco en España, donde decenas de miles de ciudadanos han participado en las manifestaciones.

Pero falto de líder y de una estrategia sobre acciones futuras, el movimiento está empezando a languidecer.

“No hacemos más que hablar de los problemas del campamento, pero somos incapaces de tomar decisiones”, advirtió en la tarde del martes una oradora durante la asamblea general.

Por su parte, el ministro del Interior español, Alfredo Pérez Rubalcaba, advirtió este miércoles que el campamento no puede durar mucho más, ante las quejas de los comerciantes de la zona que han visto caer sus ventas, según ellos.

“No puede ser que unos ciudadanos acaben con los derechos de otros ejerciendo los suyos”, dijo a la radio Cadena Ser, aunque manteniéndose cauto sobre un eventual desalojo de los acampados por la policía.

“Cuando hay unos derechos que interfieren en otros, hay un problema y habrá que buscar un entendimiento”, añadió el ministro, matizando que “la Policía tiene que actuar con proporcionalidad. Hay que hacer las cosas bien, no vaya a ser que las hagas y el resultado sea mucho peor”.