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Bolivia: vecinos anuncian protestas contra alza de tarifas de transporte

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Las juntas de vecinos de las ciudades bolivianas de El Alto y La Paz amenazaron este domingo con reanudar las protestas contra un alza de tarifas del transporte urbano, luego que a fines de 2010 obligaran al presidente Evo Morales a anular un fuerte ajuste de precios de la gasolina.

Los principales ejecutivos de ambas juntas vecinales dijeron por separado que impedirán, a fuerza de manifestaciones en fechas todavía no definidas, el unilateral alza tarifaria de hasta un 30% que el transporte urbano de Bolivia piensa aplicar desde la próxima semana.

Morales afirmó el sábado -citado por la agencia estatal de noticias- que “en ningún momento hemos pensado en ‘minigasolinazos’, como falsamente comentan” los medios, razón por la que no se justifica un ajuste del precio del transporte urbano.

“Hay distintas tarifas en cada departamento y la próxima semana tienen que entrar en vigencia”, aseguró previamente el ejecutivo de la Confederación de Choferes de Bolivia, Franklin Durán.

El alza tarifario fue adoptado dos semanas después de una huelga del transporte en rechazo a un aumento de hasta un 83% en el precio de los combustibles, medida dejada sin efecto por el gobierno frente un creciente descontento social, que dejó 15 heridos en violentas protestas.

Ante la decisión de los choferes, el dirigente de la junta de vecinos de La Paz, Jaime Vera, dijo a la prensa que “es algo que no vamos a permitir” y anunció la posibilidad de “salir a las calles” contra la medida.

La presidenta de las juntas de vecinos de El Alto, Fanny Nina, advirtió previamente que “no se les va a permitir bajo ninguna circunstancia que eleven el precio de la tarifa del pasaje”.

Un dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Ramiro Condori, manifestó de su lado que los trabajadores “rechazamos esta medida (del aumento de tarifas) por ser arbitraria”.

El gobierno está urgido en aumentar el precio de los combustibles para quitar la subvención anual a los carburantes de 380 millones de dólares, de los cuales 150 millones terminan en el contrabando en países vecinos como Brasil, Perú, Argentina, Chile o Paraguay.

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