El diputado Tucapel Jiménez y el senador Eugenio Tuma, junto a representantes del Comando de Exonerados Políticos de Chile A.G., denunciaron este viernes un incumplimiento grave por parte del Gobierno, y específicamente el Subsecretario de Interior, al desconocer los derechos de miles de exonerados por la dictadura militar que fueron reconocidos en su derecho a ser reparados por 3 leyes dictadas durante los gobiernos de la Concertación.
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“Estas tres leyes se han ido implementando lentamente y los exonerados, después de mucho tiempo, han logrado ser reconocidos por el Ministerio del Interior y otros pasaron la larga tramitación del Instituto de Previsión y finalmente han podido recibir una pensión. Sin embargo, en el Ministerio del Interior se desmanteló la oficina de calificaciones, se redujo de 30 a 3 sus funcionarios, y el Gobierno decidió no cursar aquellas resoluciones que ya estaban con aprobación y revisar más de 130 mil carpetas de exonerados que están recibiendo el beneficio, con la posibilidad de eventualmente revocar los derechos de muchos exonerados”, señaló el senador Tuma.
El diputado Tucapel Jiménez, en tanto, dijo que “tenemos una tremenda preocupación porque el argumento de esto es que ha habido fraudes. Nosotros los parlamentarios seremos los primeros en ayudar al Gobierno a detectar si hay fraude y hacer las denuncias a Contraloría o los tribunales de justicia porque no queremos que esta ley se eche a perder por personas que han presentado testimonios o antecedentes falsos. Pero eso no puede ser motivo para que hoy día esté todo el proceso detenido”.
“Hay gente que lleva esperando años y años y desde marzo no han calificado a nadie. Se ha desmantelado el programa y todo pasa ahora por una persona, el subsecretario Rodrigo Ubilla. Con esto se está sentenciando a las personas que están a la espera, porque van a morir sin recibir el beneficio”, indicó el diputado.
El parlamentario llamó al Gobierno a aclarar esta situación y anunció que pedirá la comparecencia del Subsecretario del Interior a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados para que dé una explicación.
“Esperamos que esto sea sólo un impasse y el Gobierno le dé la prioridad a estas personas que están años y años a la espera de recibir un beneficio por un daño que el propio Estado les causó”, recalcó Jiménez.
En tanto, la secretaria general del Comando de Exonerados de Chile A.G., Zaida Araya, dijo que se han reunido con los subsecretarios de Interior y de Previsión Social sin obtener una respuesta satisfactoria. Aseguró que no avalan a quienes han reclamado la pensión con antecedentes fraudulentos y respaldan que ello sea denunciado ante los tribunales pero enfatizó que eso no puede dar lugar a una “caza de brujas” ni que se les meta a todos “en el mismo saco”.
La dirigenta precisó que 1.700 resoluciones de pensiones reparatorias que estaban listas para cursarse se encuentran paralizadas porque se decidió revisar uno a uno los expedientes para su recalificación, mientras que otras 15 mil solicitudes esperan trámite porque las personas de la oficina de calificación son inexpertas.
“A los exonerados políticos este beneficio les corresponde por ley y por justicia así que estamos preparando una movilización nacional e internacional, para que sepan que a pesar de nuestra edad somos capaces de defender lo que en justicia merecemos y no vamos a aceptar que nos venga a pisotear”, expresó la vocera.
