El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) de Bolivia expropió 115.000 hectáreas en cinco propiedades de Santa Cruz y Beni, entre otras, de la acaudalada familia Monasterio, debido a que no eran productivas, dijo este viernes una fuente oficial.
El director del INRA, Juan Carlos Rojas, manifestó que “se trata de predios en las que las personas intentaron burlar la buena fe del Estado y del INRA con documentación que no corresponde y ganado que no les pertenece” para simular una actividad productiva en esas tierras.
La familia Monasterio posee acciones en Bolivia del canal Unitel (crítica al gobierno) y de un banco privado y ya sufrió en diciembre de 2009 la expropiación de otras 3.000 hectáreas y en junio de 13.184.
Las propiedades de la familia Monasterio, en los llanos del departamento de Santa Cruz (este), volvieron a dominio del Estado al demostrarse que en ellas no se realizaba actividad productiva.
Las propiedades “recuperadas deben ser dotadas a favor de comunidades indígenas, originarias y campesinas que no tienen tierra”, explicó Rojas.
La actual Constitución boliviana, que entró en vigor en 2009, señala que las tierras ociosas serán revertidas al Estado y entregadas a título gratuito a comunidades de campesinos para uso común.
