La Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel se encuentra revisando la prisión preventiva decretada contra siete imputados en el caso bombas, quienes permanecen recluidos desde el 18 de agosto pasado luego que fueran formalizados en la investigación que dirige la fiscalía sur por asociación ilícita terrorista para la colocación de artefactos explosivos en la capital.

Esto luego que las defensas de los presuntos anarquistas apelaran el lunes recién pasado a la resolución del 11° Juzgado de Garantía de Santiago que dispuso la privación de libertad de sus representados.

En prisión preventiva se encuentran los ex lautaristas Pablo Morales Fuhriman y Rodolfo Retamales Leiva, sindicados por la fiscalía como los cabecillas del grupo, su compañero Omar Hermosilla Marín y de los imputados Vinicio Aguilera Mery, Francisco Solar Domínguez, Felipe Guerra Guajardo, Mónica Caballero Sepúlveda y Andrea Urzúa Cid. Sólo esta última no recurrió a la Corte.

El tribunal de alzada sanmiguelino verá también las apelaciones a la libertad decretada para los imputados Carlos Riveros Luttge y Camilo Pérez Tamayo, las que fueron impugnadas por el fiscal jefe de la zona sur Alejandro Peña y por la querellante de la Iglesia Parroquia Inmaculada Concepción de Vitacura, Francisca Franzani.

Con estos recursos, tanto el Ministerio Público como la querellante intentan revertir la decisión del tribunal de garantía y lograr que la Corte de San Miguel ordene la prisión preventiva de los imputados.

Junto con Riveros y Pérez continúan en libertad pero con medidas cautelares Candelaria Cortés-Monroy, Diego Morales Muñoz, Iván Goldenberg González y Cristián Cancino Carrasco.

A estas seis personas el tribunal de garantía les impuso arraigo, prohibición de comunicarse entre sí, firma semanal así como la prohibición de visitar a los ocho presuntos anarquistas que quedaron en prisión preventiva. Tampoco pueden acercarse a las casas okupa de Sacco y Vanzetti, La Crota, El Hogar y Jony Cariqueo por orden del tribunal.