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Imagen: John Henríquez

Luego de que la empresa no respondiera al pre-acuerdo generado en la mesa de negociación con los trabajadores en la minera Inés de Collahuasi, los mineros decidieron continuar con el paro de actividades que comenzó el viernes pasado como manera de solicitar mejoras laborales.

Sin embargo, el conflicto se acrecentó luego de que la minera Collahuasi hoy emitiera un comunicado donde asegura que abandonó las conversaciones con los representantes de los trabajadores en toma debido a la negativa de estos dirigentes a liberar a los trabajadores, que mantienen ilegalmente retenidos en el campamento de la minera.

Así lo explicó la vocera y gerenta de comunicaciones de la compañía, Bernardita Fernández, quien señaló que no habrá acuerdo alguno mientras se sigan tomadas las instalaciones del campamento de forma ilegal teniendo a más de 4 mil trabajadores retenidos, sin poder salir y con restricciones de agua, y alimentación.

Además, en el comunicado, la minera, señaló que por la seguridad de las personas la minera ha suspendido la producción y ha solicitado a las empresas contratistas la inmediata intervención con sus trabajadores.

Ante esto, el presidente de la federación de sindicatos contratistas y sub-contratistas, Ricardo Arellano, señaló que los dirigentes no tienen a ninguna persona detenida y que todos lo que participan de esta toma lo hacen de manera voluntaria.

En este sentido, Arellano, indicó que las medidas de represión no las han colocado ellos, si no que la empresa que envía a fuerzas especiales al interior del lugar para que terminen con el movimiento.

Los trabajadores de la minera señalaron que mantendrán las manifestaciones hasta que la compañía reestablesca las negociaciones con los dirigentes.

Como condición para terminar con el paro y la toma, los mineros buscan que se garantice un buen sistema de turnos de emergencia, generar una mesa tripartita permanente para resolver los conflictos futuros, la aplicación del Ley de Trabajo Pesado para jubilar antes de los 65 años y el mejoramiento de las instalaciones del campamento.

Además exigen un bono de término de conflicto de un millón de pesos para los contratistas y sub-contratistas de la minera.