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Serviu será parte de querella contra inmobiliaria que construyó viviendas sociales en Constitución

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Finalmente el Estado de Chile, por medio del Serviu formará parte de la querella criminal en contra de quienes resulten responsables en la muerte de 8 personas ocurridas durante el terremoto del 27 de febrero en las viviendas sociales ubicadas el Cerro O’Higgins de Constitución, tras el desplome de la estructura que reconocidamente tenía fallas en su construcción.

Hasta las dependencias del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en la Región Metropolitana, en donde fueron recibidos por la titular de la cartera, Magdalena Matte, concurrieron propietarios de las viviendas afectadas para solicitar al gobierno que se haga parte en la investigación criminal y solución habitacional que les afecta.

Vale la pena considerar que la Ministra de la época, Patricia Poblete, reconoció en su momento las deficiencias en la construcción de estos inmuebles, condonando el pago de los respectivos dividendos, pero no instruyendo el riesgo que existía de habitar allí en caso de un sismo.

Para la actual ministra, Magdalena Matte, estos hechos son muy graves y por eso trabajarán muy fuertemente en conjunto con las familias afectadas tanto para darles una solución habitacional como en el respaldo judicial que requieran.

En la ocasión, la autoridad se comprometió a dar soluciones habitacionales dentro del plan de reconstrucción nacional a estas 34 familias familias en un plazo de 90 días.

Por su parte, el presidente de la UDI y Senador por esta zona afectada, Juan Antonio Coloma, señaló que los esfuerzos tendrán dos líneas de acción.

Coloma agregó que la reconstrucción se llevará a cabo en el mismo lugar del siniestro para las familias que así lo deseen o en su defecto se facilitarán subsidios para aquello que quieran cambiar de lugar de residencia.

Para una de las afectadas y vocera de este grupo de familias, Armandina López, esta solución habitacional anunciada dentro de un plazo de 90 días, es una luz esperanza luego de tanta tragedia.

Asimismo, el abogado representante de las familias afectadas, Raúl Meza, manifestó su optimismo en primera instancia por la solución habitacional conseguida con la Ministra y en segundo lugar por los pazos a seguir en las vías judiciales en donde la cartera también se hará parte.

El jurista además agregó que a la brevedad posible se efectuarán todos los trámites y recopilación de antecedentes para desarrollar los recursos judiciales que permitan buscar la responsabilidad penal en las fallas de las viviendas de Constitución que acabó con la vida de estas 8 personas y dejó sin hogar a otras 34 familias.

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