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Más de 248 lenguas originarias están en serio peligro de extinción en América Latina

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Con motivo del Día Mundial de la Lengua Materna, las Oficinas Regionales del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América Central y América del Sur, consideran que se requieren medidas efectivas para frenar la extinción de las lenguas originarias y para fomentar el uso de ellas.

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La oportunidad de utilizar y transmitir el pensamiento y tradiciones en sus lenguas originarias representa no sólo un derecho cultural, sino que una herramienta esencial para asegurar el conocimiento de los derechos humanos. Según datos de la UNESCO, el 90% de todas las lenguas del mundo desaparecerán en los próximos 100 años.

América Latina es una de las regiones con mayor diversidad lingüística del mundo. Según el Atlas Interactivo de las Lenguas en Peligro en el Mundo de la UNESCO, en la región existen 248 lenguas que se consideran como seriamente en peligro y en situación crítica de extinción: en Argentina son 6, Belice 1, Bolivia 18, Brasil 64, Costa Rica 4, Chile 4, Colombia 24, Ecuador 8, El Salvador 1, Honduras 5, Guatemala 3, México 53, Nicaragua 4, Panamá 2, Paraguay 6, Perú 29, Uruguay 1, y Venezuela 15.

Las Oficinas del Alto Comisionado y la UNESCO señalan que es urgente tomar medidas para fomentar políticas lingüísticas regionales y nacionales. Al mismo tiempo hace un llamado a los Estados a impulsar la educación intercultural bilingüe y la producción de contenidos digitales en idiomas originarios.

Las Oficinas del Alto Comisionado recuerdan que tanto la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, como el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales y la Convención sobre los Derechos del Niño reconocen el derecho de los pueblos indígenas a revitalizar, utilizar, fomentar y preservar su lengua.

Estos instrumentos detallan la responsabilidad de los Estados de adoptar medidas para que los pueblos indígenas tengan acceso a la educación en su propia cultura e idioma, y de adoptar las medidas eficaces para proteger y garantizar el ejercicio de esos derechos en las actuaciones políticas, jurídicas y administrativas.

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