A la espera de quién será el próximo Ministro de Justicia en el gobierno del futuro Presidente, se encuentra el proyecto de ley que promete reformar las Conservadoras de Bienes Raíces y Notarías.

Esto, tras las serie de irregularidades y “excesos” de ingresos de quienes presiden dicha institución, y que fueron denunciadas por La Radio el año pasado.

En abril de 2008, la Presidenta Michelle Bachelet, envió al Congreso un proyecto de ley que propone licitar los cargos de conservadores de bienes raíces y notarías, fijar plazos de seis a diez años en el caso de los conservadores y de cinco a ocho para los notarios y facultar a la Justicia para fijar los aranceles, entre otros.

Sin embargo, el proyecto que en primera instancia fue prioridad, quedó desplazado y nunca se legisló. Ahora el programa del Presidente electo, Sebastián Piñera, plantea modernizar el sistema.

Según el diputado UDI y miembro de la Comisión de Jusitica, Gonzalo Arenas, la continuidad del proyecto o su modificación dependerá exclusivamente de quién sea nombrado Ministro de Justicia en la conformación del gabinete que eventualmente se llevaría a cabo el próximo 29 de enero.

Agregó además que el proyecto será prioridad en el próximo gobierno y que con la vigencia de esta nueva ley terminarán las “irregularidades y excesos” a los que cae la institución, causados, según él, por el monopolio que existe en torno al cargo debido a la “anticuada” ley vigente que regula a las conservadoras.

En tanto, el diputado de la Democracia Cristiana y miembro de la Comisión de Justicia, Jorge Burgos, reconoció a los excesos en que caen las Conservadoras y en ese sentido lamentó no haber legislado esto durante el actual gobierno.

La idea de restructurar el actual sistema surgió luego de que el fallecido ex Conservador de Bienes Raíces de Concepción, Gabriel Valdés Sotomayor, quien se desempeñó tres décadas en el cargo, sufrió serias denuncias de irregularidades en la administración durante el último año en dicho puesto, lo que valió que la Corte de Apelaciones penquista lo sancionara con dos meses de suspensión por la falta de ética al tener a sus cuatro hijos como empleados de la entidad.