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Polémica genera en Colombia prohibición del consumo personal de droga

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El Congreso colombiano revivió la prohibición del uso de la dosis mínima de sustancias estupefacientes, autorizada en 1994, en una decisión rechazada por políticos que el jueves aseguraron que con la nueva ley no se acaba el negocio del narcotráfico.

Desde 1994, cuando la Corte Constitucional permitió la dosis mínima, las autoridades estaban impedidas para detener a alguna persona que portara 1 gramo de cocaína ó 20 gramos de marihuana.

Ahora el porte y consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas sólo se permitirá si hay de por medio una prescripción médica.

La norma prevé que los adictos podrán recibir tratamiento médico, mientras que se establecerán penas de cárcel para quienes porten o trafiquen con dosis pequeñas.

El proyecto fue convertido en ley tras 5 intentos del gobierno del presidente Alvaro Uribe de sacarlo adelante, y su aprobación se dio por 60 votos a favor y 14 en contra.

El presidente colombiano se felicitó este jueves por la aprobación de la nueva ley, al asegurar que ayudará a combatir la distribución de drogas.

“El proceso de distribución de narcotráfico en nuestro medio se llama microtráfico y eso genera mucha violencia. Usted va a buscar a un distribuidor y lo va a meter a la cárcel y no puede porque lo encuentra con una dosis personal, y esa dosis no permite que se tipifique el delito. No obstante, esa persona está envenenando a los colombianos”, dijo Uribe.

Pero para el senador oficialista Armando Benedetti, quien votó en contra de la norma, la decisión del Senado “es anacrónica”.

“El gobierno ha vendido la idea de que prohibiendo la dosis mínima, ahora sí se puede apresar los ‘jíbaros’ (expendedores) y allanar las ‘ollas’ (lugares de venta callejera de droga). El gobierno quiere asociar la prohibición con la desaparición de esos sitios y de esas personas, y ello no es así”, dijo el congresista a la AFP.

Según Benedetti, el problema “debe abordarse desde el punto de vista de la prevención y para el Estado debe ser un problema de salud pública porque se trata de una enfermedad”.

Por su parte, el senador opositor Gustavo Petro señaló a la AFP que la decisión del Congreso “va dirigida a la penalización del consumo de droga en Colombia, aduciendo que es el método eficaz para acabar con el narcotráfico y salvar a las familias”.

“Es una manera de exculpar el verdadero poder del narcotráfico, que no lo tiene el consumidor. El verdadero poder del narcotráfico está en que tiene poder político en el gobierno y en el Congreso, donde de verdad se debería combatir”, agregó Petro, del izquierdista Polo Democrático.

Colombia es uno de los más importantes productores de cocaína a nivel mundial, con unas 430 toneladas métricas en 2008.

Mientras, el ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia, aseguró que se trata de “una ley para la familia colombiana, por el drama silencioso que viven miles y miles de familias que tienen una persona enferma (adicta)”.

Valencia culpó al ex magistrado de la Corte Constitucional Carlos Gaviria, ponente del fallo a favor de levantar la prohibición de la dosis mínima en 1994, de disparar el consumo de drogas en Colombia.

“Carlos Gaviria no sabe el mal que le hizo al país cuando despenalizó el porte de la dosis personal, con eso se disparó el consumo y apareció el fenómeno del ‘micronarcotráfico’”, aseguró Valencia.

Cifras de la policía señalan que sólo en Bogotá el ‘micronarcotráfico’ mueve anualmente cerca de 300.000 millones pesos (unos 150 millones de dólares) en efectivo.

La policía tiene identificadas 458 ‘ollas’ en la capital, y calcula que cada una de ellas mueve a la semana entre 12 y 13 millones de pesos (de 6.000 a 6.500 dólares). Al mes, pueden ser unos 24.000 millones en todas las ‘ollas’ (12 millones de dólares).

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