El presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Alta, Mariano Ruiz Esquide, definió como “un paso fundamental” concretar la aprobación del veto aditivo para la ley que prohíbe la exigencia de cheque en garantía, por lo que emplazó a la derecha a “darle una mano a los pacientes”.
Fuente: Oficina senador Mariano Ruiz Esquide.
“Lamento profundamente que no hayamos aprobado el proyecto de ley que daba una sanción a quien exigiera el cheque en garantía. Los senadores de oposición pidieron 2º discusión, por lo que les solicito que retiren esa postura opositora, porque creo que el proyecto como viene es sensato” agregó.
Además, Ruiz Esquide demandó a la derecha a que retire su oposición al cuerpo legal para que puedan aprobar una iniciativa que protege a los chilenos.
Refiriéndose al proyecto, Ruiz Esquide indicó que la iniciativa legal complementa la prohibición de exigir dinero, cheques u otros instrumentos financieros para garantizar el pago o condicionar la atención en caso de urgencia vital calificada por un médico, extendiendo la prohibición de caucionar en dichas formas prestaciones que no correspondan a una situación de urgencia médica.
De igual manera, el parlamentario aclaró que simultáneamente se permiten otros medios de asegurarles el pago, tales como tarjetas de crédito, cartas de respaldo otorgadas por los empleadores, letras de cambio o pagarés, y queda a salvo la posibilidad del usuario de pagar con cheque, si así lo prefiere.
Al respecto, Ruiz Esquide sostuvo que con los cambios propuestos por La Moneda los prestadores que infrinjan las normas en comento arriesgan sanciones pecuniarias y administrativas y las multas podrán fluctuar entre 10 y 1000 UTM dependiendo de la gravedad de la situación en que se exigió el cheque o dinero en garantía.
“Mientras que quien reincida dentro de un período de 12 meses, contados desde la comisión de la primera infracción, se le aplicará una multa del doble al cuádruplo de la primera que se le impuso” agregó.
Además, añadió, el titular de la comisión de Salud, que los prestadores institucionales podrán ser eliminados del registro de prestadores acreditados por un lapso de hasta 2 años y los prestadores personas naturales podrán ser suspendidos, hasta por 180 días, de la posibilidad de otorgar prestaciones incluidas en las Garantías Explícitas en Salud, tanto por Fonasa como por Isapres, y en la Modalidad de Libre Elección del Fonasa.
También, el parlamentario indicó que la sanción se impone por resolución fundada de la Superintendencia, que se notifica por carta certificada.
Por último, Ruiz Esquide indicó que la Superintendencia deberá generar un sistema de atención continuo y expedito para recibir y tramitar los reclamos que reciba por incumplimiento de las normas de esta ley, con el propósito de garantizar el acceso oportuno a las prestaciones de salud. “Este sistema deberá funcionar 24 horas al día los 7 días de la semana y proporcionar solución inmediata a los problemas que se le comuniquen”, concluyó.
