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Chile reconoce en Ginebra 10 casos de indígenas perseguidos por ley antiterrorista

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10 de los 16 casos en que los gobiernos democráticos chilenos aplicaron la ley antiterrorista entre 1999 y 2009 corresponden a imputados que pertenecen a población indígena, aclaró este sábado a la AFP una fuente diplomática chilena en Ginebra.

“Del total de querellas interpuestas en virtud de la ley antiterrorista por actos de violencia y conmoción pública entre 1999 y 2009, tenemos información que 10 querellas fueron presentadas en contra de ciudadanos de origen indígena”, indicó a la AFP esta fuente diplomática.

Chile rechazó el jueves pasado en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU una recomendación efectuada por la Unión Europea (UE) para que revisara dicha ley y dejara de perseguir “a miembros de las comunidades indígenas, en particular la mapuche, por sus actividades pacíficas de carácter político o religioso”.

“La Ley Antiterrorista está destinada a sancionar conductas delictivas graves que causan conmoción pública y en ningún caso se aplica a categorías de personas o grupos sociales determinados”, había explicado ante ese órgano de la ONU el embajador de Chile en Ginebra, Carlos Portales.

“En el período comprendido entre el año 1999 y el 2009, esta ley especial se ha invocado sólo en 16 casos, de los cuales varios corresponden a imputados que no pertenecen a la población indígena”, agregó entonces el embajador de Chile.

“En estos últimos 4 años, en sólo 2 ocasiones se ha aplicado esta ley a conductas como las señaladas a personas de origen indígenas”, concluyó Portales.

El detalle de las fechas de esas querellas indica que dos de ellas fueron iniciadas en 2001, otras 2 en 2002, 3 en 2003, 1 en 2004 y 2 en 2009, precisó la fuente diplomática consultada por la AFP.

La posición chilena fue planteada durante la sesión de aprobación del informe final del Examen Periódico Universal (EPU), un nuevo mecanismo de vigilancia para controlar la situación general de los derechos humanos de cada uno de los 192 Estados miembros de la ONU, y al que cada país está obligado a someterse cada 4 años.

“Chile criminaliza a los dirigentes que promueven el respeto a la libre determinación, autonomía y el autogobierno mapuche”, había denunciado en las deliberaciones del pasado jueves en este consejo un responsable del Comité Mapuche de Derechos Humanos, Reynaldo Mariqueo.

“Pude constatar en el terreno hasta que punto la criminalización de las manifestaciones de ese pueblo para salvaguardar sus derechos y territorios era abusiva e injustificada”, señaló de su lado Danielle Mitterrand, de “France Libertés”, refiriéndose a los mapuches en el debate de Ginebra.

(AFP).

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