La presidenta Michelle Bachelet promulgó la ley que aumenta la dotación de fiscales y funcionarios del Ministerio Público para combatir a la delincuencia.

En total son 577 nuevos cargos, de los cuales 122 corresponden a fiscales, con un presupuesto adicional de 30 mil millones de pesos.

En la ceremonia en La Moneda, la mandataria aludió a promesas en esta materia incumplidas en el gobierno de su antecesor, Sebastián Piñera.

El Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, agradeció el esfuerzo del gobierno y se refirió a las amenazas que han recibido 103 fiscales en los últimos ocho años.

La Ministra de Justicia, Javiera Blanco, advirtió que se les exigirá mayor eficacia a los fiscales y destacó la creación de un sistema de evaluación externa de la labor del Ministerio Público.

El presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Claudio Uribe, reconoció que deberán responder a las expectativas de la ciudadanía.

La ley recién promulgada pretende reducir el número de denuncias que son archivadas, sin investigar, que sólo en el primer semestre de este año, según datos de la Fiscalía Nacional, llegó al 46,2 por ciento.

El proyecto convertido en ley

El proyecto, aprobado por unanimidad -91 votos a favor y ninguno en contra- en la Cámara de Diputados en su último trámite legislativo el pasado 18 de junio, entre otros puntos, reduce de 10 a 8 los años de duración en el cargo del Fiscal Nacional.

La iniciativa además aumenta la dotación de planta de la institución, incorporando 577 cargos. Así, se contará con 122 nuevos fiscales adjuntos, 203 profesionales, 82 técnicos y 170 administrativos. Este incremento de dotación será progresivo dentro de un período de tres años, considerándose un 40% para el primer año.

La nueva ley crea el Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos, para el fortalecimiento de la persecución penal, mediante la incorporación de estrategias de análisis e investigación sobre mercados delictuales u otras estructuras de criminalidad reconocibles, el cual se implementará en tres regiones y gradualmente en el plazo de 3 años.

También, la nueva norma faculta al Ministerio Público para que pueda realizar sus actuaciones procesales ante los tribunales de garantía, a través de los abogados asistentes de fiscal, con excepción de la comparecencia a las audiencias de juicio oral.

Por otra parte, la iniciativa señala que los profesionales, los técnicos, los administrativos y los auxiliares, con contrato indefinido del Ministerio Público y que no sean de exclusiva confianza, tendrán un sistema de ascenso, de carácter técnico y reglado, por el cual podrán acceder sucesivamente a grados jerárquicos inmediatamente superiores en su respectiva planta de personal.