El Gobierno presentó el sábado pasado el proyecto de ley que busca despenalizar la interrupción del embarazo en tres situaciones: cuando está en peligro la vida de la madre, por inviabilidad del feto y como resultado de una violación.

Justamente este último punto ha sido el más polémico, ya que tanto desde la oposición como desde la Democracia Cristiana han manifestado su rechazo a despenalizar el aborto en circunstancias de violaciones.

Según se argumenta en el proyecto de ley, la razón por la cual el Ejecutivo busca permitir la interrupción del embarazo en estos casos, es porque consideran que cuando la mujer se encuentra encinta producto de un acto realizado contra o sin su voluntad, mediante violencia o coerción, no es posible exigirle que continúe con éste.

“No reconocer la posibilidad de que ella decida si desea o no continuar con el embarazo, constituye una nueva negación de su voluntad e imponerle una obligación estatal por un acto en esencia abrogatorio de su dignidad”, agrega el documento presentado por el Gobierno.

En ese sentido, también se recalca en la legislación que “el trauma de la violencia sexual no puede ser agravado por el Estado, obligando siempre y en toda circunstancia a mantener el embarazo contra la voluntad de la mujer”.

Discrepancias dentro de la Nueva Mayoría

Como ya ha ocurrido en otros temas, la Democracia Cristiana se ha mostrado en desacuerdo con la posición del Gobierno.

En primer lugar, la colectividad logró que la presidenta pidiera que se voten las tres causales de despenalización por separado, por lo cual estaría la posibilidad de que eventualmente se rechace alguna.

El presidente de la DC, senador Ignacio Walker, declaró previo al envío del proyecto que “nosotros como partido siempre hemos defendido un principio, el respeto por el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural (…) La DC es contraria a legalizar el aborto, en defensa del principio anterior, pero hay situaciones particularísimas, muy complejas, como son las tres hipótesis que se contemplan en el programa, que hay que debatirlas en su propio mérito con mucha apertura de mente“.

En ese sentido, indicó que están abiertos a debatir al respecto. No obstante, otras voces al interior del partido no se han mostrado tan dispuestos a ceder en el caso de los embarazos por violaciones.

En tanto, el diputado Jorge Sabag fue mucho más crítico, y el sábado afirmó que “las causas para interrumpir el embarazo se van expandiendo y llegaremos a un aborto a la carta, como en España. Yo no quiero eso para mi país y de ninguna manera contará con mi voto”.

Para justificar su posición, Sabag expresó que “acá se está legalizando la muerte de un ser indefenso y que no tiene voz. Nadie puede sentirse orgulloso de esto. Los derechos humanos son para todos, sin distinción, y lo que hoy estamos haciendo es un duro golpe a los niños inocentes de nuestro país”.

Ya a mediados de enero, incluso antes que se conociera el proyecto de ley, el diputado Matías Walker advirtió que los votos de la bancada no están asegurados a favor de éste.

La senadora Carolina Goic se sumó a los cuestionamientos, manifestando que aunque un embarazo sea resultado de una violación, “es una vida, con toda la delicadeza que tiene que ser tratada la situación, pues estás hablando de una de las peores agresiones que puede sufrir una mujer”.

“Tenemos una vida de por medio y creo que se va a centrar el debate. Lo que hemos pedido en el debate pre legislativo es que las tres causales vengan separadas, y parece lógico que un parlamentario pueda optar. No parece lógico que haya una orden de partido”, indicó en entrevista con El Mercurio de Calama.

Rechazo de la Alianza

Desde la oposición han ido más allá y mantiene su posición tradicional, de oponerse completamente a todo tipo de aborto.

La presidenta de Renovación Nacional, diputada Paulina Núñez, dijo que temen que un proyecto de este tipo abra la puerta a un aborto libre permitido bajo todas las causales.

Por otra parte, Núñez también encabeza un proyecto de ley junto a otras parlamentarias opositoras, que busca crear un programa para prevenir embarazos no deseados o de alto riesgo.

Esto porque consideran que prevenir este tipo de embarazos es la forma correcta de abordar el debate por el aborto.

Al respecto, Núñez agregó que “hoy día optar derechamente por el aborto creo que es la solución más fácil, y para eso nosotros no vamos a estar”.

Asimismo, la diputada Marcela Sabat (RN) acotó que “queremos partir el debate del aborto desde la prevención. Creemos que es muy importante que el Estado se haga cargo de cómo podemos evitar que mujeres no se embaracen de forma indeseada, que tengan la educación necesaria para no embarazarse sin quererlo (…) De esta manera podemos evitar muchos abortos, muchos traumas, e incluso un doble trauma en el caso de una violación”.

Sin embargo, quien ha efectuado algunas de las declaraciones más polémicas sobre el tema es la senadora Jacqueline van Rysselberghe, quien en noviembre de 2014 opinó que no está de acuerdo con el aborto “ni por el caso de violación ni por el caso de malformación congénita que sea incompatible con la vida corresponde el aborto, porque es como ponerle un control de calidad a la raza humana”.

Sobre la despenalización de la interrupción del embarazo en general, dijo que “es pescar esa guagua, sacarla y, probablemente, matarla de alguna manera, porque esa guagüita está en condiciones de vivir, aunque fallezca posteriormente”.