El viernes entra en vigencia la Ley del Lobby, que obligará a hacer pública la agenda de todas las autoridades del Estado y transparentar los temas que se discutieron.

Esta legislación afectará a más de 190 autoridades, incluyendo ministros, subsecretarios, jefes de las Fuerzas Armadas, Carabineros, Policía de Investigaciones, Contraloría, entre muchos otros servicios.

De esta forma, estos funcionarios públicos tendrán que canalizar todas sus actividades por medio de los sitios web gubernamentales, no sólo informando quiénes participaron de la cita y sobre qué se habló, sino que incluso deberán reportar si recibieron algún obsequio de parte de los asistentes al encuentro.

Estos datos se compilarán por mes, y serán dados a conocer recién al mes siguiente de ocurridos los hechos.

Además, para implementar la legislación ya se desarrollaron páginas web, donde las personas u organizaciones podrán requerir reuniones con autoridades.

Uno de los cuestionamientos que se han planteado a la regulación, es que las autoridades sólo deben dar cuenta de las reuniones que tengan en sus oficinas. En cambio, si el encuentro se produce en un café o en la calle, no debe informarlo.

Quienes incumplan la legislación, no se enfrentarán a penas de cárcel, sino que sólo a sanciones administrativas que implican el pago de una multa.

Pese a que la ley comenzará a regir a las 00:00 horas de este viernes, la Cámara de Diputados y el Senado recién el miércoles aprobaron sus reglamentos internos que definen la forma en que operará la normativa.

Debido a ello, los parlamentarios se acogerían a la legislación en junio del próximo año, según indicó el diputado Nicolás Monckeberg (RN).

Algunos legisladores han expresado su molestia respecto a algunas materias que aborda la ley, reclamando que no se enfocaría en el lobby, sino en hacer una agenda pública.

Al respecto, el diputado Pepe Auth (PPD) afirmó que él no recibirá a ningún lobbista, hasta que el reglamento entre en vigencia plenamente.

Otros que han manifestado tener problemas con la ley son los embajadores. La Cancillería incluso hizo un requerimiento a la Contraloría, acusando que la total transparencia de las agendas vulnera el trabajo diplomático que a ellos se les encomienda.

Por ello, le legislación no afectará de momento a los embajadores, hasta que la Contraloría entregue una resolución sobre ello.

El vocero de Gobierno, Álvaro Elizalde, acotó que deben ver los impactos concretos que tenga la ley, antes de estudiar eventuales perfeccionamientos.

Cabe destacar que quienes quedan exentos de la Ley del Lobby son la presidenta Michelle Bachelet, el presidente y los jueces de la Corte Suprema, y los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados.