La Corte Suprema confirmó el rechazo de un recurso de protección interpuesto por las empresas de seguridad agrupadas en la Asociación Chilena de Empresas de Alarmas, que pretendía evitar las nuevas regulaciones dispuestas por Carabineros para este mercado.

Esto, ante la polémica por la sobrecarga de llamados falsos que recibe la policía, por lo cual Carabineros incluso había aplicado en estos cambios multas de hasta $11.000 por cada falsa alarma y también la obligación de conectarse a un nuevo sistema denominado Alpha III, que obliga a las empresas la presencia en terreno antes de avisar a la autoridad.

El máximo tribunal confirmó de esta forma un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que había rechazado este recurso de protección presentado en noviembre de 2013 en contra del director de Seguridad Privada y Control de Armas de Carabineros, general Cristian Fuenzalida.