El ex alcalde de Hualpén, Marcelo Rivera, fue condenado a poco menos de tres años de prisión y al pago de millonarias multas e indemnizaciones por los delitos de fraude al fisco y cohecho. La pena, que podrá ser cumplida en libertad, lleva aparejada la inhabilidad perpetua para ejercer como jefe comunal.
En una audiencia a la que no asistió el ex jefe comunal y ex líder del PPD, los jueces del Tribunal Oral de Concepción entregaron la sentencia tras el juicio por delitos de corrupción, que terminó con condenas para Marcelo Rivera y otros cuatro funcionarios de la Municipalidad de Hualpén.
En el caso de Rivera, deberá cumplir casi 3 años de presidio, aunque con el beneficio de la remisión condicional, además de inhabilitaciones de por vida para ejercer como alcalde y mientras dure la condena para otros cargos públicos, según puntualizó el fiscal Patricio Aravena.
Aravena agregó que si se consideran todas las penas, Marcelo Rivera no podrá ser funcionario público por los próximos seis años, aunque para su abogado defensor, Marcelo Villena, habrá que analizar aquello a la luz de dictámenes de la Contraloría que anulan ese tipo de sanciones cuando las condenas son por menos de 3 años.
Villena también expresó que su cliente insiste en su inocencia y por eso lo más probable es que recurrirán de nulidad, al admitir que lo que más afecta a Rivera es la prohibición de ejercer cargos públicos.
Conjuntamente con esas penas, la justicia decretó para Rivera y el ex jefe de personal del municipio hualpenino, Mario Gutiérrez, el pago de millonarias multas e indemnizaciones por el perjuicio causado al fisco. Son más de 10 millones de pesos los que debería devolver cada uno.
Mauricio Massa, abogado defensor de Gutiérrez, puntualizó sobre este aspecto del fallo dictado.
Los otros tres funcionarios públicos condenados por el delito de obtención fraudulenta de prestaciones fiscales -Nelson Cuevas, Patricio Garrido y José Miguel Peña- recibieron penas de 541 días y el pago de multas e indemnizaciones igualmente.
El abogado defensor de dos de ellos, Francisco García, confirmó el recurso de nulidad ante la Corte de Apelaciones de Concepción.
Rivera y los funcionarios públicos fueron acusados por el Ministerio Público de utilizar el municipio para cobrar coimas, de crear un sistema de pago de horas extra no trabajadas a cambio de que personal solicitara créditos que sirvieron para la compra de la Casa Ciudadana y también de lavado de dinero. Este último delito, sin embargo, no pudo ser probado por la Fiscalía.
