Un informe de Contraloría reveló que el general (R) de Carabineros, Richard Quezada Romero, quien hasta 2012 ejercía como jefe de la V Zona, correspondiente a la región de Valparaíso, cometió una serie de irregularidades mientras estuvo en el cargo.

Según el documento publicado por The Clinic Online, al oficial en retiro se le cursaron al menos cuatro sumarios por parte del órgano contralor, contabilizándose un total de seis faltas a la normativa que rige a su institución.

Entre las principales irregularidades descubiertas cuenta el uso de una vivienda fiscal en Cerro Castillo, Viña del Mar, la cual habitó sin realizar el procedimiento correspondiente para adjudicársela, a la vez que recibía asignación monetaria para arrendar una casa particular. Por esto se le cursaron dos sumarios, teniendo que devolver el dinero que el Estado le otorgaba con este fin.

En la misma línea, designó a un sargento especializado en maderas a que realizara trabajos de carpintería en la residencia mencionada, iniciándose una tercera indagación judicial.

Otro hecho que quedó al descubierto fue el traspaso de gasolina a su vehículo institucional, un Hyundai Santa Fe, desde unidades policiales de distintas provincias de la zona, contabilizándose un total de 3.440 litros de bencina que debieron ser utilizados para patrullajes y tareas similares.

En tanto, se le acusó de apropiarse de un estanque de gas que estaba sin utilizar en Santiago, trasladándolo a su domicilio particular en Valparaíso con la grúa institucional, por cuyo uso no se le cobró. Tras ser relevado, tuvo que pagar 26 mil pesos por el transporte por 120 kilómetros con el vehículo especializado.

Finalmente, se presentó una situación que aún no es debidamente investigada, que consiste en la extensión de la estadía de 16 efectivos en Isla de Pascua, cuando el presidente Sebastián Piñera fue al lugar en una visita oficial.

Cabe mencionar que Quezada Romero se acogió a retiro este 2013, siendo reemplazado como jefe de la V Zona por el general Julio Pineda Peña. No obstante, la institución no ha señalado si esto ocurrió debido a las irregularidades establecidas.

Por otra parte, Contraloría dio un plazo de 60 días hábiles para la entrega de documentos que acrediten las acciones anómalas y se anuncien las medidas adoptadas al respecto.

Mira el informe completo de Contraloría aquí.