El Ministro de Justicia, Teodoro Ribera, entregó el pronunciamiento oficial del Gobierno ante el acuerdo de la Corte Suprema que en un pleno extraordinario expresó que las declaraciones tras la paralización de la Central Castilla de la Ministra del Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, “constituyen derechamente una intromisión indebida e inaceptable en las atribuciones que exclusiva y excluyentemente la Constitución entrega a los Tribunales de Justicia”.

Es así como en un comunicado dijo “El Gobierno reitera el pleno y total compromiso por la independencia del Poder Judicial como fundamento del sistema democrático de derecho tal como ha sido su conducta reiterada”, esto durante toda su gestión en el Ejecutivo.

Acto seguido precisó que “todo ciudadano o autoridad pública tiene el legítimo derecho emitir su opinión respecto de las actuaciones de cualquier poder del estado, para contribuir con ello a la generación de una opinión pública informada, sin afectar sus atribuciones y competencias constitucionales”.

Ante esto las declaraciones de la Secretaria de Estado referidas a la resolución judicial de la Corte Suprema se efectuaron sobre a un fallo “firme y ejecutoriado”, luego de trascurrido un tiempo de su conocimiento público.

Así “el Gobierno entiende que las opiniones de la Ministra han sido expresadas en su calidad técnica y como responsable del área en cuestión, con total respeto hacia la Corte Suprema y no han tenido ninguna intención de afectar la independencia del Poder Judicial”, finalizó.