La Gobernadora provincial de Linares, María Eugenia Hormazábal Carvajal, se refirió a las 10 medidas anunciadas por el Presidente de la República Sebastián Piñera que apuntan proteger a los menores que son víctimas de delitos, a la rehabilitación para aquellos que son infractores de ley y al endurecimiento de penas contra quienes cometen abusos sexuales a niños.

“Nuestro Gobierno está dando una fuerte lucha para combatir los delitos sexuales contra menores, y de paso demostrando su real compromiso con la ciudadanía, a través de diversas medidas que ha implementado el Presidente Piñera en materia de Seguridad Pública. Por ello no es novedad que próximamente se comiencen a aplicar estas leyes que protegen a nuestros menores de edad”, precisó la autoridad provincial.

Indicó que se envió un proyecto de ley que divide el Sename en dos instituciones, creando un Servicio Nacional de Protección de la Infancia y Adolescencia para los niños vulnerables, pero que no tienen problemas con la ley, que va a depender del Ministerio de Desarrollo Social, y adicionalmente un Servicio Nacional de Responsabilidad Adolescente, que va a depender del Ministerio de Justicia y que se va a hacer cargo de la rehabilitación de aquellos niños que sí han tenido problemas con la ley.

“Esto nos permitirá una atención y protección más eficaz, especializada y profesional de los menores que han sido vulnerados en sus derechos. Asimismo se va a concentrar exclusivamente en las tareas de rehabilitación y administración de sanciones de aquellos adolescentes que han infringido la ley”, apuntó la autoridad.

También se espera que en agosto se encuentre plenamente vigente el registro de pedófilos, de manera de asegurar el cumplimiento de los objetivos de la ley que recientemente aprobó el Congreso y que va a permitir el establecimiento y aplicación de una pena de inhabilidad perpetua para ejercer cargos o profesiones que involucren una relación directa, cercana y habitual con nuestros niños, explicó.

En tercer lugar, se incrementará el presupuesto del Servicio Médico Legal en más de 800 millones de pesos durante el próximo año. Se acelerará la implementación del brazalete electrónico, permitiendo fiscalizar en forma mucho más eficaz y rigurosa a quienes hayan cometido delitos sexuales y cuenten con un sistema de libertad vigilada intensiva.

En este mismo tema, el Primer Mandatario presentará en los próximos días al Congreso un proyecto que aumenta las penas que hoy están establecidas para los autores de delitos de comercialización, difusión o exhibición de material pornográfico, lo que irá aparejado de una mayor restricción en el otorgamiento de libertad condicional a los autores de delitos sexuales contra menores.

Con el propósito de prolongar la acción de protección a los niños “Vamos a respaldar la propuesta de reformas legal que realizó una mesas de trabajo integrada por profesionales del programa de Seguridad del Ministerio del Interior, de forma tal a poder establecer en esta materia el sistema de entrevista única a las víctimas de delitos sexuales”, enfatizó.

Se presentará un proyecto de ley que extiende la agravante calificad del Código Penal, que hoy afecta a los autores de delitos sexuales que posean vínculos parentales, religiosos o educativos con las víctimas menores de edad.

Se informó que se está elaborando un proyecto de ley para crear en nuestro país el Sistema Nacional e Integral de Protección de la Infancia.

La gobernadora precisó que el Presidente Piñera ha solicitado a los Ministros del Interior y de Seguridad Pública, de Desarrollo Social y Sernam, que revisen todas y cada una de las 100 mociones que han sido presentadas por parlamentarios a lo largo del tiempo, relativas a una mejor protección de los menores.
Entre otras medidas anunciadas está la creación de un Defensor de los Niños, siguiendo las exitosas experiencias de países como Alemania, Bélgica, Canadá, Francia y Noruega, que han implementado esta defensoría especial de los menores.

“Se pondrá un especial énfasis en revisar y eventualmente incrementar los requisitos para abrir y operar un jardín infantil, de forma tal de que el Estado cumpla con ese rol de vigilar y de supervisar el normal y correcto funcionamiento de nuestros jardines infantiles, como también se exigirá a todos los establecimientos educacionales, protocolos y procedimientos especiales para recibir y tramitar las denuncias de abuso sexual que reciban, tal como hoy día existen para el caso del bullying contra los estudiantes”, concluyó.