La medida es parte de las modificaciones que impuso el gobierno a la Ley de Quiebra, que además de acelerar los plazos para terminar los procesos con empresas, suma a las personas comunes y corrientes al sistema.

Así, un usuario que está sobrepasado por las deudas, no tiene solvencia para pagarlas y tampoco para pedir más créditos, debe declararse en “quiebra” e iniciar un protocolo similar al que realiza una empresa. Los casos de quiebra serán revisados por un veedor, figura nueva en la normativa, el que será el encargado de encausar las demandas de los acreedores -empresas a las que el afectado debe- y también las posibilidades de pago para salvaguardar su patrimonio.

Este proceso va a estar supervisado por la superintendencia del ramo, al que también podrán acceder municipalidades y empresas públicas que estén en situación de quiebra.