El lunes 5 de diciembre resultó ser de esos días en que – en la esfera noticiosa – una cosa llevaba a la otra. Las principales informaciones del día cuadraban perfecto en entregar un panorama digno de reflexión en cuanto a qué pasa con la llamada “cultura empresarial” en Chile.
De partida, estaba la noticia sobre la actividad económica que creció en octubre un 3,4%, por debajo del 4.2% que esperaba el mercado. Algunos expertos dijeron que era normal esta diferencia porque desde el año pasado la base de comparación ha sido altísima. Cualquier producción menor se manifiesta en un número mucho más bajo.
Pero, la verdad, la mayoría de los economistas empieza a admitir que indicios como la caída en la actividad industrial, el menor dinamismo de la minería y una inflación baja – que podría llevar al Banco Central a recortar las tasas -, sumado al negro panorama económico internacional, estarían revelando que la desaceleración que veíamos “a larga distancia” está finalmente llegando a nuestro país. “Porque no estamos blindados”, reconoció el Ministro de Hacienda al tiempo que garantizaba contar con un plan de contingencia que aplicaría en caso de que la situación empeorara. Previendo esto, además, es que el gobierno propuso un presupuesto mesurado, prudente, ante eventualidades no previstas.
En este contexto, surgió una segunda noticia: la Concertación – ya pasada las tensiones del prespuesto – insistió en que es momento de concretar una reforma tributaria. Es más, dijo que si no se aborda un cambio profundo ahora, se encargará de que el tema acapare la campaña presidencial del 2013. El gobierno contestó que no está cerrado al asunto, pero que no es llegar y modificar, junto con que el proceso no se puede materializar en 48 horas.
¿Y qué han dicho los posibles futuros “gravados” con más tributos? Andrés Concha, presidente de la SOFOFA, dio luces al respecto en la última ENADE: “Si tomo las palabras del gobierno, tendría que poner énfasis en dos cosas que ha dicho: una, que existe financiamiento sin necesidad de aumentar los impuestos para financiar mayores gastos que están considerados en materia educacional y, segundo, si el ministro dice que está abierto a analizar un perfeccionamiento del sistema, ahora, no sabemos qué variables y qué elementos tendría una discusión de esta naturaleza”. Es decir, no lo niegan tajantemente, pero tampoco avalan una reforma porque sí: si la educación lo requiere, hablemos. Ésa es la idea de fondo.
Es posible que el empresariado se oponga a un cambio en el régimen de impuestos utilizando el argumento de la primera noticia citada. Si la desaceleración está llegando a Chile, sería poco prudente desincentivar la inversión y eso, se esgrime históricamente, podría aumentar el desempleo.
Un argumento que podría retrucar este pensamiento lo da la tercera información noticiosa del lunes 15. Según el último estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Chile y México son los países más desiguales del conjunto. En nuestro país, el 10% más privilegiado gana 27 veces más que el 10% más pobre. Y sugiere un miembro de la OCDE: “La redistribución de los ingresos debe estar en el centro de gravedad de una gobernanza responsable, no sólo por cuestiones éticas sino también por razones económicas”. Un aumento en la “fiscalidad para los más ricos, pero poniendo el acento en el 1% con los recursos más elevados o incluso en un porcentaje inferior”, porque ahí hay margen y en muchos casos su nivel de impuestos es relativamente menor que el de otros grupos.
Según algunos economistas destacados como Prescott y Acemoglu (dato que entrega el también economista Eduardo Engel), buena parte de las diferencias de ingreso entre países en años recientes se explica por la falta de competencia en países menos desarrollados. Es decir, porque sus bienes y servicios están afectados por prácticas anticompetitivas. Las economías poco competitivas muestran menor productividad, lo que lleva a salarios más bajos para los trabajadores, con su consecuente impacto en las familias más pobres.
De ahí que también sirva para nuestro análisis la cuarta noticia relevante del día: el anuncio del gobierno de que buscará reponer la penalización del delito de colusión, a propósito del caso de los productores avícolas. El 2003, cuando se creó el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, se suprimieron las penas de cárcel en esa legislación. También la delación compensada. En países como Estados Unidos y de la Unión Europea se admite que un participante de un grupo coludido delate el acuerdo y evite así ir preso, pero debe compensar a los estafados.
Chile es una nación altamente concentrada en lo económico. Su falta de competitividad, si hacemos caso a los economistas citados, hace que el país sea menos productivo, que haya gran diferencia de ingresos a nivel interno y con respecto a otros países. El caso “de los pollos”, de probarse la colusión, exacerba la desconfianza con que históricamente han debido lidiar los empresarios. ¿Cómo fiarse de privados que hasta serían capaces de matar a las crías de ave para controlar la producción? ¿O de su argumento de que el sector es competitivo porque un 15% lo tiene el pollo importado (que viene congelado y no es fresco)? A propósito de esto, reflexionaba lo distorsionadora que puede resultar esta práctica. Porque, ¿acaso no es posible que hasta el precio del pollo importado esté “inflado” y que por unos pocos pesos menos parezca que “compite” con el de las aves nacionales? Por ende, si la mayoría no confía en el empresariado, ¿cómo puede éste hacer valer su argumento de que no es tiempo de reformas tributarias?
Engel decía el 2009 en una columna: “(…)Me parece improbable que el fortalecimiento de la legislación antimonopolios vaya a estar entre las prioridades de su programa de gobierno. Más aún, me atrevo a especular que es altamente improbable que un fiscal económico nombrado por Sebastián Piñera se hubiese jugado por obtener evidencia de colusión en el mercado farmacéutico como lo ha hecho el fiscal Enrique Vergara”. Veremos si el economista no se termina “tragando” sus vaticinios.
