La Corte Interamericana de Derechos Humanos escuchará este miércoles los alegados finales en una audiencia de dos días destinada a revisar el caso del político opositor venezolano Leopoldo López Mendoza, quien fue inhabilitado para ejercer cargos públicos hasta 2017.

López, quien fue inhabilitado en 2008 cuando era uno de los políticos más populares en su país, espera que el tribunal ordene revertir esta medida, lo que le permitiría competir por algún cargo público en los comicios de 2012, en los que el presidente Hugo Chávez buscará la reelección.

“Esperamos que se haga justicia, ésta es una lucha de David contra Goliat, de un ciudadano contra el Estado”, dijo a la AFP López, quien afirmó ante la Corte el martes que el gobierno de Chávez usaba la inhabilitación de opositores para “sacar personas del ruedo político”.

Los abogados de las partes harán este miércoles sus últimos alegatos ante el tribunal, que en los próximos meses dictará su fallo, que es inapelable.

El economista de 39 años y líder del movimiento Voluntad Popular entregó su testimonio ante el panel de siete jueces y fue interrogado por sus abogados, los del Estado venezolano y los de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, que avaló su denuncia.

“Es la primera vez que estoy siendo escuchado por jueces imparciales”, dijo López, quien presentó en 2008 su caso ante la CIDH, que un año después elevó la causa ante la Corte Interamericana, con sede en San José.

Tras insistir en que es inocente, López alegó que fue inhabilitado porque “había que sacarnos del juego” y calificó como una “excusa” la razón esgrimida por la Contraloría (ente que fiscaliza la gestión pública) para impedirle desempeñar cargos públicos durante nueve años.

“Quiero recuperar mis derechos políticos, cómo y cuándo ejercerlos hay que verlo más adelante”, dijo a la AFP López, quien fue inhabilitado, sin ser sometido a juicio, antes de las elecciones regionales y municipales de 2008, cuando era un serio aspirante a la alcaldía metropolitana de Caracas.

“Nunca fui sometido ante un tribunal (venezolano), nunca hubo condena”, declaró el político ante la Corte presidida por el magistrado peruano Diego García-Sayán.

Los abogados del Estado, encabezados por Germán Saltrón, afirmaron que López cometió irregularidades cuando era funcionario de la compañía petrolera estatal PDVSA en los años 90 y luego como alcalde del acomodado municipio caraqueño de Chacao, a partir del 2000, lo que ocasionó daños patrimoniales al Estado, por lo que la Contraloría le aplicó sanciones previstas en la ley, incluidas multas por 2.100 dólares.

Pero el ex alcalde se defendió afirmando que los desembolsos cuestionados los gastó en pagarles los salarios a maestros, policías y bomberos del municipio de Chacao, así como la cuenta de electricidad.

Si se mantiene la inhabilitación, López no tendrá ninguna opción en las elecciones de 2012, en las que Chávez aspirará a un nuevo mandato de seis años.

“La defensa del Estado venezolano ha estado muy floja en esta audiencia, porque ha querido centrarlo todo en una especie de juicio sobre las razones de la inhabilitación política y no sobre las consecuencias que eso produjo, que es lo que viola la Constitución”, declaró a la AFP el alcalde Gerardo Blyde, del municipio caraqueño de Baruta, quien asistió a la Corte para apoyar a López.