Afectados por desalojos en las Termas de Panimávida llegarán esta mañana hasta el Ministerio de Justicia, denunciando irregularidades y total abandono de las autoridades y parlamentarios de la zona.

El pasado fin de semana, por resolución del tribunal de Linares, continuaron desarrollándose los desalojos de algunas familias que habitan hace más de 30 años en esa zona, ahora de propiedad del empresario hotelero, Roberto Movillo.

Los vecinos del sector La Poza de la comuna de Colbún, denuncian que las autoridades han protegido al empresario, cuestión que comenzó a darse desde que se le avaló para conseguir créditos ante BancoEstado para hacerse de los terrenos, que según ellos consideran, son públicos.

Las denuncias de procesos indebidos y de apropiación ilegal en las que habría incurrido el dueño de las termas, fueron insuficientes para que se realice la investigación que solicitaron los vecinos, quienes incluso llegaron hasta La Moneda para informar al Presidente de la República de la situación, cuestión que aun no tiene respuesta.

El diputado por la zona, Jorge Tarud, es sindicado como uno de los avales del empresario, lo que el lesgislador desmintió tajantemente.

Tarud dijo que está disponible para los requerimientos de las casi 10 familias afectadas por los desalojos.

Uno de los vecinos de La Poza, Marco Sepúlveda, señaló que hace varios años que existen problemas en el sector y que las autoridades han hecho caso omiso a las peticiones de investigar que han efectuado, incluido diputados y senadores de la zona.

Sepúlveda agregó que incluso a un poblador que no quiso abandonar el inmueble, se lo quemaron. Pese a ello, los parlamentarios han actuado en favor del empresario, por lo tanto, entregarán esta mañana en el Ministerio de Justicia todos esos antecedentes, en donde se agregan presuntas irregularidades en la compra del terreno.

Por su parte, recordemos que la senadora Ximena Rincón, quien intervino en su momento para que el desalojo no se realizara hace un mes, indicó que ya la materia es netamente judicial y que a la luz de los documentos analizados por su equipo jurídico, no es mucho lo que los pobladores puedan hacer para impedir que continúen los desalojos.