La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Naty Pillay, pidió este lunes una investigación sobre las violaciones de los derechos humanos después del golpe en Honduras de junio 2009, en un informe elevado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.

Pillay pidió a las autoridades de Honduras “que realicen investigaciones independientes sobre las violaciones de derechos humanos cometidas después del golpe, en particular respecto de los casos de violación del derecho a la vida, torturas, malos tratos, detenciones arbitrarias y violaciones, e inicien procedimientos judiciales contra quienes resulten responsables”.

“El golpe de Estado dio lugar a violaciones de derechos humanos, la mayoría de las cuales siguen impunes”, afirmó Pillaz.

Para la Alta Comisionada “las medidas impuestas con arreglo al estado de excepción facilitaron la represión de los que se oponían al golpe y dieron lugar a la restricción arbitraria de derechos fundamentales”.

A su vez, Pillay criticó “la falta de competencia de las autoridades militares para ejercer funciones de control del cumplimiento de la ley”. También “la suspensión de garantías fue incompatible con las obligaciones internacionales de Honduras”.

“Considerando que solo se registraron unos pocos casos de violencia de parte de los manifestantes, el peligro potencial no parece haber sido suficientemente grave como para justificar el estado de excepción”, estimó Pillay.

Ademas, solicitó a Honduras “revisar o derogar la legislación nacional incompatible con las normas internacionales, en particular disposiciones relativas a los delitos de sedición y manifestación ilícita”.

Similar tratamiento requirió para con “la libertad de expresión, los derechos políticos y electorales, la tortura, la independencia del poder judicial, la ley de policía y convivencia social, y la ley de estado de sitio”.

Pillay exhortó a Honduras a “formular un plan de acción nacional de derechos humanos” y “evitar el uso de la fuerza militar en funciones de control del cumplimiento de la ley”.

Finalmente, la Alta Comisionada recomendó a Honduras “establecer un mecanismo nacional independiente encargado de la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.