Unos 300 hijos de desaparecidos durante la última dictadura argentina (1976-1983) lanzaron este martes una campaña de “Juicio y castigo a los culpables”, frente a los tribunales donde comenzaron las audiencias contra 17 militares y policías por crímenes del régimen.

“Ponete la camiseta por Juicio y Castigo”, decía la leyenda impresa en la blusa que lucían los jóvenes activistas de la organización “Hijos”, momentos antes de iniciarse el enjuiciamiento oral de agentes dictatoriales que actuaron en tres de los llamados Centros Clandestinos de Detención.

Los centros denominados Club Atlético, Olimpo y el Banco funcionaron bajo el mando del fallecido general Carlos Suárez Mason, uno de los temibles jefes del terrorismo de Estado, apodado ‘El Carnicero del Olimpo’.

Entre los acusados figuran agentes secretos como Raúl Guglielminetti, Samuel Miara -a su vez condenado por robo de bebés y apropiación de menores- y Julio Simón, alias El Turco Julián, también con sentencia a cadena perpetua en otra causa.

“El objetivo de la campaña es demostrar que hay mucha gente en todo el país que exige la cárcel de los genocidas”, dijo a la AFP Carlos Pisani, dirigente de “Hijos”, testigo y querellante en la causa.

Pisani dijo que “es mucho mayor la cantidad de represores involucrados, pero es muy importante comenzar con estos, porque sólo por Club Atlético pasaron 1.500 desaparecidos”.

Otra personalidad presente en el acto fue el director técnico del club de fútbol Huracán, de la primera división, Angel Cappa, quien dijo que apoya la iniciativa “en reclamo de justicia, porque de esa manera se trabaja por la paz, sin justicia no hay paz”.

Entre las demandas de los organismos humanitarios está también que no sufra otra postergación el juicio al ex capitán de la marina de guerra Alfredo Astiz, acusado por la desaparición de dos monjas francesas y el periodista Rodolfo Walsh, entre otros crímenes de lesa humanidad.

El juicio a Astiz y otros oficiales de la tenebrosa Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) está previsto para el 11 de diciembre.

Un total de 625 militares y policías están encausados en Argentina por violaciones a los derechos humanos, en tanto que otras 53 personas han sido condenadas desde 2003.

Unas 30.000 personas fueron desaparecidas durante la dictadura, según organizaciones humanitarias argentinas.