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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, confirmó la descontinuación del programa Arriendo a Precio Justo, dirigido a beneficiarios del Subsidio de Arriendo para que no destinaran más del 25% de sus ingresos al arriendo. Este programa, impulsado durante el gobierno de Gabriel Boric, no va en línea con la actual administración. Poduje afirmó que las viviendas se entregarán en propiedad en casos críticos, como víctimas de violencia intrafamiliar o adultos mayores, ya que el objetivo es que las personas sean propietarias y no arrendatarias. El programa permitía a familias vulnerables arrendar viviendas fiscales o del Serviu, asegurando un pago mensual acorde a sus ingresos, con requisitos como estar en el Registro Social de Hogares y demostrar capacidad de pago.

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, confirmó la descontinuación del programa Arriendo a Precio Justo, el cual estaba dirigido a beneficiarios del Subsidio de Arriendo con el objetivo de que estos no destinaran más del 25% de sus ingresos para ese propósito.

De acuerdo a lo indicado por Poduje durante una visita a la región del Bío Bío, el programa impulsado durante el gobierno de Gabriel Boric no va en la línea del trabajo del actual Ejecutivo.

Al ser consultado sobre esa iniciativa, Poduje respondió que “no avanza más porque no era justo”. También aseguró que esas viviendas se entregarán en propiedad en casos críticos, como de víctimas de violencia intrafamiliar, de personas con situación de discapacidad y de adultos mayores. Sobre esa línea, aseguró que el objetivo del gobierno es que las personas sean propietarias y no arrendatarias.

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¿En qué consistía el programa Arriendo a Precio Justo?

El programa fue presentado en 2022 y permitía a familias vulnerables con un subsidio de arriendo vigente arrendar viviendas fiscales o de propiedad del Serviu, asegurando que el pago mensual no superara el 25% de los ingresos familiares.

A la vez, estaba dirigido a grupos familiares de dos a cuatro integrantes, quienes debían estar inscritos en el Registro Social de Hogares y no haber activado un primer contrato de arriendo.

Además, debían disponer de un sueldo que les permitiera pagar el valor del arriendo y demostrar un ahorro mínimo que generalmente era de 5 UF.

Cabe destacar que las viviendas posibles eran propiedad del Serviu, institución que también se hacía cargo del pago de los gastos comunes de los departamentos. Asimismo, el beneficio podía extenderse por un plazo de hasta 8 años.