Este viernes, en medio de un alto continente policial, se realizó el denominado funeral narco de Carlos Acevedo, también llamado “Guatón Mutema”, un delincuente asesinado en plena vía pública de la Villa Pucará, en la comuna de Quilicura, en la región Metropolitana.
Tanto el velorio como el cortejo fúnebre se realizó bajo las indicaciones de la ley que restringe los narcofunerales, que fue promulgada por el gobierno de Gabriel Boric en diciembre del 2024, ¿sabes qué dice, y cuáles son sus principales puntos?
¿Qué es un funeral narco en Chile y qué dice la nueva ley que los restringe?
Con el objetivo de frenar la violencia asociada a la cultura narco, se promulgó una nueva ley que regula los llamados funerales de riesgo, conocidos popularmente como narco funerales.
Resulta que estos eventos, organizados para rendir homenaje a miembros de bandas criminales, suelen ir acompañados de desórdenes públicos, fuegos artificiales y el uso de armas, generando temor e inseguridad en los barrios donde ocurren.
Según el mismo Gobierno, los narcofunerales buscan exaltar la figura de quienes son considerados “mártires” por el crimen organizado. En la práctica, se convierten en espectáculos intimidantes, con caravanas y cortes de calles que alteran el orden público y vulneran ciertos derechos de la ciudadanía.
Por su lado, el reglamento asociado a la ley, promulgado en marzo de este 2025 -pero que entra en vigencia 60 días después-, define funeral de riesgo como “aquel en que existan circunstancias que permitan presumir fundadamente que su realización representa una amenaza o peligro para la seguridad y el orden público”.
¿Qué dice la ley?
En concreto, la ley establece medidas estrictas para limitar estos funerales. Entre los principales puntos destaca que el proceso completo, desde la inscripción de la defunción hasta la sepultura o cremación, debe realizarse en un máximo de 24 horas. Esta medida busca evitar aglomeraciones y actos delictivos prolongados.
La calificación de un funeral como “de riesgo” será responsabilidad del delegado o delegada presidencial regional, quien deberá basarse en un informe técnico elaborado por Carabineros de Chile, y podrá solicitar antecedentes a la Policía de Investigaciones (PDI) y Gendarmería.
Este informe considerará, especialmente, los antecedentes delictuales del fallecido, su vinculación con el crimen organizado, narcotráfico o bandas criminales, o las características y circunstancias del entorno o del deceso. También debe considerar entre otros criterios, como la probable concurrencia masiva al funeral, la asistencia o presencia de grupos antagónicos, el uso de armas, pirotecnia o explosivos, etc.
Además, se indica que Carabineros tendrá facultades para definir el trayecto del féretro y controlar a los asistentes, impidiendo la participación de personas bajo efectos del alcohol o drogas. Asimismo, el Registro Civil y el Servicio Médico Legal deberán dar prioridad a los trámites asociados a estos funerales.
Por último, la norma endurece las penas por incumplimiento de los plazos y requisitos, incorporando una figura agravada al delito de inhumación ilegal en el Código Penal. En caso de que los responsables no den cumplimiento al proceso, el Estado podrá intervenir y realizar la sepultura como lo hace con personas en situación de calle o que no tengan familiares.
Delitos asociados a funerales narco
Por otro lado, la ley que limita los narcofunerales indica otros delitos asociados, que si se comenten en ese contexto, serán sancionados con la pena más alta. Estos son:
Desórdenes públicos.
Irrupción violenta.
Obstrucción de la circulación en la vía pública.
Saqueos.
Delitos regulados en la Ley de Control de Armas relacionados con fuegos artificiales o artefactos pirotécnicos.
Porte de armas blancas.
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