Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.
La Contraloría detectó irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar de Junaeb, entre ellas 35 pagos por más de $209 mil millones sin ajustes definitivos, multas pendientes y fallas en la fiscalización de contratos. El 82,6% de las observaciones de una auditoría sigue sin resolverse. La entidad inició procedimientos disciplinarios y envió antecedentes al Ministerio Público, mientras una comisión de la Cámara investiga el programa entre 2019 y 2024.
Pagos por raciones de alimentos que nunca fueron entregadas, multas pendientes de cobro y deficiencias en la fiscalización de contratos. Esas son parte de las irregularidades detectadas por la Contraloría General de la República (CGR) en el Programa de Alimentación Escolar de Junaeb, cuyos antecedentes fueron expuestos ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados.
La instancia busca indagar el funcionamiento del programa entre 2019 y 2024, en medio de cuestionamientos por el uso de recursos públicos destinados a la alimentación de escolares.
La contralora Dorothy Pérez reveló que se identificaron 35 pagos por más de $209 mil millones que no contaban con los ajustes definitivos correspondientes, además de multas pendientes de cobro y modificaciones contractuales sin el debido control.
Uno de los antecedentes más relevantes es que el 82,6% de las observaciones de una de las principales auditorías continúa sin resolverse.
En ese punto, el diputado Ricardo Neumann (UDI) dijo que es importante reconocer qué cambios legales hay que impulsar para terminar con las irregularidades que la Contraloría ya ha advertido en reiteradas ocasiones.
En la misma línea, el diputado Héctor Barría (DC) aseguró que, considerando que la comisión ya está llegando a su fin, definitivamente van a lograr buenos resultados en el informe final con la información que han recopilado.
Ante estos hallazgos, la Contraloría inició procedimientos disciplinarios y remitió antecedentes al Ministerio Público, mientras la comisión continúa sus últimas sesiones, investigando eventuales responsabilidades en el funcionamiento del programa entre 2019 y 2024.
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