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El primer semestre de 2026 plantea una pregunta decisiva para el futuro de la educación chilena: ¿avanzamos hacia un sistema escolar mixto, público y particular subvencionado, más equitativo, inclusivo y con una educación pública fortalecida, o volvemos a privilegiar un modelo marcado por el debilitamiento del Estado, la competencia y fragmentación entre establecimientos y una convivencia entendida principalmente como control?
El informe La contrarreforma educativa del gobierno de José Antonio Kast, elaborado por el Observatorio de Políticas Educativas de Rumbo Colectivo, sostiene que las iniciativas impulsadas durante este periodo no constituyen simples ajustes administrativos. En conjunto, configuran una orientación que combina una reducción del papel garante del Estado, una confianza excesiva en los mecanismos de mercado y respuestas punitivas frente a los problemas de convivencia que requieren un abordaje formativo.
Una primera señal se encuentra en los recortes presupuestarios recomendados para los próximos años, que podrían afectar programas de alimentación, reinserción educativa, acompañamiento docente, formación directiva, acceso a la educación superior y fortalecimiento de la educación pública.
La eventual disminución de recursos destinados al Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP) y a programas de la JUNAEB, incluido el Programa de Alimentación Escolar (PAE), tendría consecuencias directas sobre la asistencia, el bienestar y la continuidad educativa de estudiantes que enfrentan mayores desigualdades, y también en los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) y municipios que atienden a estos alumnos.
Una segunda señal corresponde a la reforma del Sistema de Admisión Escolar (SAE) y a la flexibilización de las regulaciones para crear nuevos establecimientos educativos privados. Mientras la reforma al SAE establece mecanismos de “elección mutua” que reinstauran prácticas de discriminación arbitraria de estudiantes por parte de los establecimientos en los procesos de admisión, la flexibilización de creación de nuevos establecimientos, sin planificación ni regulación territorial y en un contexto de baja de natalidad, pone en riesgo la sostenibilidad de los proyectos educativos públicos y privados ya existentes en los territorios.
Una última señal corresponde al enfoque punitivo que está privilegiando la actual administración en las temáticas de convivencia educativa y abordaje de la violencia escolar. La seguridad de las comunidades educativas es una preocupación muy relevante hoy en día, pero no puede abordarse exclusivamente desde la vigilancia, la sanción y el control. Las escuelas necesitan recursos, apoyo especializado, fortalecer la participación de los estudiantes y sus familias, prevenir la violencia, atender la salud mental, y fortalecer los vínculos entre los actores de cada comunidad educativa. De este modo, las sanciones deben ser proporcionales a la falta, y deben privilegiarse estrategias formativas, preventivas y restaurativas de la convivencia escolar.
En definitiva, lo acontecido estos meses evidencia que lo que está en juego es el sentido de la educación chilena, si la entenderemos como derecho social o como un bien privado, y si le daremos un rol garante de dicho derecho al Estado, o volveremos a una lógica puramente subsidiaria como la instaurada en la década de 1980.
El trabajo del Observatorio de Políticas Educativas de Rumbo Colectivo contribuye a este debate mediante seguimiento, análisis crítico y evidencia. Chile tiene el desafío de generar más diálogo entre sus actores políticos, sociales y educativos, dar continuidad a políticas de Estado y establecer un compromiso renovado con su sistema educativo y la educación pública.
Jaime Portales
Investigador de Rumbo Colectivo
