Las recientes declaraciones de autoridades militares argentinas sobre el Estrecho de Magallanes plantean una pregunta que Chile no debería desestimar: ¿podrían producirse mañana cuestionamientos similares respecto de otros territorios del país y frente a otros actores?
No se trata de una preocupación abstracta. Las declaraciones provenientes de Argentina no constituyen el primer episodio reciente de cuestionamiento limítrofe.
La soberanía de Chile sobre el Estrecho tiene una base jurídica innegable. Pero esto no significa que el ejercicio efectivo de dicha soberanía pueda darse por descontado. La respuesta diplomática ante la situación ocurrida con Argentina era necesaria, como también lo son la presencia estatal y las capacidades de defensa en una zona cuyo valor estratégico seguirá aumentando.
El extremo austral articula dos océanos, proyecta a Chile hacia la Antártica y concentra intereses vinculados a rutas marítimas, recursos estratégicos, logística y cadenas de suministro. Su importancia responde a transformaciones estructurales del sistema internacional, no a un episodio puntual.
Chile tiene una geografía extraordinaria, pero su relevancia estratégica no está dada solo por el territorio sobre el cual ejerce soberanía. Depende también de las capacidades que el país construye para integrarlo, administrarlo, desarrollarlo y proteger sus intereses. Chile no enfrenta aquí un problema de titularidad o definición de soberanía, sino el desafío permanente de ejercerla y proyectarla de manera efectiva. Y en esa tarea el Estado está en deuda: hemos tendido a reaccionar frente a las contingencias más que a sostener una estrategia territorial de largo plazo.
El caso de Magallanes lo muestra hoy con especial claridad, pero la misma lógica se extiende a otras zonas del país. En el norte convergen minería crítica, energía, corredores bioceánicos y desafíos fronterizos. Rapa Nui y Salas y Gómez posicionan a Chile en el Pacífico Sur y nos proyectan físicamente hacia Asia. En todos estos espacios, una política territorial adecuada exige comprender que se trata simultáneamente de desarrollo, conectividad, inserción internacional y seguridad.
Miradas en conjunto, estas zonas muestran algo más amplio: la geografía vuelve a pesar en la política internacional. La competencia por recursos estratégicos, la vulnerabilidad de las cadenas de suministro y la renovada importancia de las rutas marítimas hacen que territorios antes considerados periféricos adquieran un valor creciente. Pero esa ventaja no se materializa por sí sola. La geografía entrega posibilidades, pero son las capacidades estatales, la infraestructura y una estrategia sostenida las que permiten transformarlas en autonomía y proyección.
Traducir esa ventaja geográfica en una política de Estado exige actuar en varias dimensiones a la vez. Supone conectar territorios, facilitar su habitabilidad, desarrollar infraestructura, fortalecer la actividad científica y económica, asegurar presencia estatal y disponer de capacidades de vigilancia y defensa. Exige también coordinar política exterior, defensa, transportes, energía, ciencia y gobiernos regionales bajo objetivos comunes y financiamiento sostenido.
Existe, además, una oportunidad política que no debería desaprovecharse. En materias como integridad territorial, ejercicio efectivo de la soberanía, proyección antártica y desarrollo de zonas extremas existe un grado de consenso transversal mayor al que observamos en buena parte del debate público. Ese consenso ofrece una base excepcional para construir políticas de Estado, con financiamiento sostenido y horizontes que trasciendan a cada gobierno.
Septiembre suele invitarnos a mirar nuestra historia y reafirmar lo que entendemos por Chile. También debería servir para preguntarnos cómo cuidamos y proyectamos el territorio en el que habitamos. Hoy la señal vino desde Magallanes; mañana podría venir desde el norte, el Pacífico o la Antártica. La soberanía se defiende cuando es cuestionada; su fortaleza, en cambio, se construye todos los días.
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